La Diputación de Vizcaya cerró el pasado año dos centros residenciales para personas mayores e incoó expedientes a otros 49. Una de las clausuras se produjo tras comprobar los servicios de inspección foral la mala situación del edificio del centro Geriátrico Bizkaia, sito en Leioa. La otra se debió a las quejas de familiares de ancianos internos en un centro de Getxo. En este caso, el titular del establecimiento abandonó el local y tuvieron que intervenir los servicios de Personas Mayores y de Inspección y Control del departamento vizcaíno de Acción Social.
Con respecto a los expedientes, diez fueron considerados 'muy graves' por la inspección y estuvieron motivados por la apertura de viviendas comunitarias sin autorización, mientras que los otros 39 son 'graves' y se deben a que los centros expedientados albergaban un número excesivo de usuarios. Ricardo Ansotegi, diputado de Acción Social, quien presentó ayer el balance de control de los centros, señaló que, pese a las deficiencias, las personas que recurren a estos servicios 'están bien atendidas'. Destacó que las infracciones apreciadas no suelen afectar a la situación de los internos.
Vizcaya cuenta con 116 establecimientos de atención a mayores, de los que 84 son residencias (43 privadas) y 82 viviendas comunitarias (todas privadas, salvo tres). En conjunto proporcionan 6.334 plazas. La diferencia básica entre un tipo y otro de establecimiento es que las viviendas comunitarias tienen una capacidad máxima de 14 plazas y no pueden acoger a personas que necesiten asistencia especial.
Los servicios de la Diputación vizcaína realizaron en total el año pasado 166 inspecciones, de ellas 69 a residencias y las otras 97, a viviendas comunitarias. De las primeras, sólo dos tuvieron como origen quejas mientras que las 67 restantes fueron de oficio. En estos centros, los expedientes sancionadores fueron 15, todos por exceso de usuarios. Ansotegi explicó que el cupo se excedía en 92 personas.
En las viviendas comunitarias, 17 controles se hicieron tras una o más quejas de los propios residentes, de familiares y de otras instancias. El número de expedientes sumó 34: diez por carecer de autorización, 23 por exceso de internos y uno por cuestiones sanitarias.
Ansotegi anunció que este año se inspeccionarán 'con especial interés' los centros que en 2001 presentaron alguna irregularidad. Agregó que la Diputación prevé implantar un sistema de atención personalizada de quejas a través de una línea telefónica 900 para mejorar su servicio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de enero de 2002