Quería en esta carta poner de relieve algunos aspectos relacionados con la nueva Ley de Parejas de Hecho, aprobada recientemente en la Comunidad de Madrid:
1. Me parece gravemente injusto que parte del dinero recaudado de los contribuyentes sea invertido en uniones de este tipo. La igualdad de derechos administrativos entre uniones de hecho y matrimonios hace muy fácil el fraude. Basta que dos personas que vivan en un piso compartido (por ejemplo, por no tener dinero para vivir solos) digan que son pareja de hecho y, con independencia de su sexo o de que su pareja real viva en otro domicilio, estarán recibiendo ayudas de mi dinero (recaudado a través de los impuestos correspondientes, que yo pago religiosamente).
2. Por otro lado, la facilidad para la ruptura de este tipo de uniones hace que ese dinero que nos pertenece a todos sea fácilmente desperdiciado, ya que los beneficios que la sociedad esperaba de esa unión y por los cuales ha realizado una inversión dejan de ser efectivos en cuanto ésta se rompe.
Uno de los motivos por los cuales la sociedad ayuda económicamente a la familia es porque aporta la renovación generacional, actualmente tan necesaria, y un ambiente propicio para el desarrollo de individuos equilibrados y productivos que puedan hacer rentable la inversión que la sociedad hizo en ellos.
La inestabilidad estructural de las uniones de hecho no asegura (me atrevo a decir que incluso lesiona) este aporte a la sociedad. Igualar los derechos administrativos de ambas realidades es para mí un auténtico fraude de Estado que me legitima como individuo a defraudar a mi vez al Estado en el pago de mis impuestos.
3. Diversos sectores de población afirman que esta ley responde a una demanda de la sociedad. El hecho es que desde que se creó el registro de parejas de hecho, en el año 1995, se ha producido en el mismo una media de 440 inscripciones anuales, frente a unos 25.000 matrimonios. El dato me hace dudar seriamente de la existencia real de esta demanda social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de enero de 2002