La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial acordó ayer remitir al pleno de ese organismo, sin propuesta alguna, la petición del fiscal de que se suspenda en sus funciones a los magistrados de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que pusieron en libertad bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos Ruiz, el Negro, que luego se fugó.
El sector conservador ha echado el freno en su ímpetu por suspender a esos magistrados. Así lo ve el vocal progresista José Antonio Alonso, quien considera que el pleno tendrá un problema, ya que con la presentación de una querella se puede neutralizar un tribunal si la simple admisión de ésta basta para la suspensión.
Por otro lado, el abogado Miguel Ángel Cocero y un narcotraficante cliente suyo se carearon ayer después de que el primero denunciase que su cliente le había contado que El Negro pagó 180.000 euros al psiquiatra por el informe en que se basaron los jueces para excarcelarle. El preso negó la versión de su abogado, de cuya credibilidad dudan fuentes judiciales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de enero de 2002