El caso de Débora Catalán, la mujer que murió el viernes pasado en el centro de estética Icema de Madrid, ha puesto de manifiesto "la urgencia" de que se imponga un contrato obligatorio entre el centro médico y el paciente antes de una operación de cirugía estética", según declaró ayer el director de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica a Servimedia.
Este contrato podría seguir el modelo del que ya existe en Francia, señaló Múgica. Entre sus contenidos estarían la identificación del médico, su titulación y un seguro de responsabilidad civil que los centros deberían suscribir. También se indicará el lugar donde se realizará la intervención. Los centros se identificarán por su número de registro sanitario, lo que garantizaría que se trata de instalaciones cuya actividad está inscrita y autorizada por las autoridades competentes.
A juicio de Múgica, en el contrato deberían figurar también los datos de los análisis efectuados al paciente durante el preoperatorio y la cantidad de anestesia necesaria. También se desglosará detalladamente la cantidad y el precio de cada producto necesario para la intervención.
Por su parte, el portavoz de la Unión de Consumidores de España, Enrique García, insistió en que deben agilizarse los servicios de inspección de este tipo de centros, "porque la regulación está clara". "Hay una tradición grande en el tema de lo que es permitir la praxis sanitaria de determinados profesionales", expuso. También existen "comisiones que establecen claramente quién puede prestar determinado servicio y quién no. Lo que tiene que funcionar es la inspección sanitaria", dijo García.
La Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública achacó al Gobierno la falta de regulación de los centros de sanidad privados, "a pesar de que la Ley General de sanidad lo señala" como una de sus competencias, y lamentó la "desidia" de las autoridades.
El presidente de la Organización Médica Colegial, Guillermo Sierra, insistió en la necesidad de aumentar el control. Lo que hace falta es un "buen registro" de profesionales, con información sobre su cualificación y méritos, para garantizar "la mejor asistencia", declaró Sierra. El máximo representante de los colegios médicos afirmó que "habrá que decirle a la sociedad que no vaya a los sitios a ciegas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de enero de 2002