Convergència i Unió está dispuesta a poner tierra de por medio con sus socios del Partido Popular, que han sometido a la federación nacionalista a un incómodo asedio político. Al discurso del presidente Jordi Pujol del pasado martes, en el que exponía las razones de su rechazo a entrar en el Gobierno de José María Aznar, se suman dos nuevos elementos: el Ejecutivo catalán recurrirá ante el Constitucional la Ley de Estabilidad Presupuestaria, llamada de déficit cero, y ayer los grupos parlamentarios de CiU y PNV mantuvieron una reunión en Bilbao. Todo ello son pasos en ese distanciamiento.
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En las relaciones entre CiU y PP no habrá ruptura traumática. No es el estilo del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Pero las elecciones autonómicas catalanas están a la vuelta de la esquina -serán en 2003- y desde hace meses los dirigentes de la federación buscan cómo compatibilizar la imagen de marca nacionalista con el apoyo que el PP les brinda para tener mayoría y gobernar en Cataluña. Y en ese camino para evidenciar distancias, pero tratando de evitar indeseadas rupturas que adelanten los comicios, los nacionalistas han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de déficit cero. De cumplirse todas las previsiones -dadas ayer por buenas por el propio Ejecutivo de Pujol-, el próximo martes, el Gobierno catalán apelará al máximo tribunal por considerar que la ley lamina competencias de las comunidades autónomas.
La decisión de recurrir llegará justo una semana después de que el presidente Pujol razonara detalladamente las insuperables aristas que le impiden participar en un Gobierno del PP, un pulso difícil para CiU. Los dirigentes de la federación son conscientes de que aparecen como los malos de la película para la opinión pública de fuera de Cataluña, ya que Aznar se muestra siempre como el hombre de la mano tendida, el que hace a CiU la oferta generosa para que entre en un Gobierno del PP con mayoría absoluta. Para la base electoral nacionalista catalana, sin embargo, CiU ha ganado puntos con el rechazo a la reiterada propuesta de Aznar.
Mantener la colaboración
El mensaje lanzado por Pujol se dirige a mantener la colaboración con el PP hasta donde sea posible. Pero sin forzar la máquina hasta extremos difícilmente justificables. Porque para CiU hay puntos innegociables. "Con frecuencia nos llegan noticias de proyectos de ley que comportan restricciones de poder político de la Generalitat; se nos advierte de que el proceso autonómico está cerrado", recordaba anteayer el presidente catalán. "Se nos dice: el Gobierno actuará de forma opuesta a lo que reclamáis, pero entrad. ¿Qué habría que pensar de alguien que por un ministerio o dos y por un par de direcciones generales aceptase entrar en un Gobierno que hará una política opuesta a su razón de ser como fuerza política?", agregó Pujol.
Todo este cúmulo de circunstancias -iniciativas legislativas del PP, dar por cerrado el ciclo autonómico- no invitan, según los dirigentes de CiU, a sentirse cómodos en un Gobierno del PP. No es ningún secreto que CiU nunca ha definido su proyecto de España, aparte de ideas genéricas sobre la plurinacionalidad. Pero, Pujol y CiU han querido dejar claro que nunca se les podrá echar en cara que no han contribuido a edificar la democracia en España, garantizando la gobernabilidad con la desaparecida UCD, PSOE o PP.
Otro elemento de separación entre CiU y el PP son las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, que precisamente ayer se reactivaron planteando asuntos que molestan sobremanera al Ejecutivo de José María Aznar: entre ellos, la presencia de las autonomías en la Unión Europea. Una delegación de diputados de CiU, encabezada por Xavier Trias, se reunió con el grupo del PNV. Y por primera vez en esta legislatura, en Bilbao.
La ley se aleja del modelo europeo
El PP sacó adelante, en octubre del año pasado y con el apoyo de Coalición Canaria, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, llamada de déficit cero. CiU intentó pactar 25 enmiendas, pero ante lo infructuoso de su iniciativa optó por romper una larga racha de apoyos a los proyectos de ley populares y votó en contra, al igual que PSOE, Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto. La ley en cuestión, calificada por la socialista Arantza Mendizábal de "LOAPA [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico] financiera", obliga a las Administraciones autónomas y municipales a mantener el criterio presupuestario de que los gastos no superen a los ingresos, lo que a juicio de nacionalistas y socialistas supone injerencia y desconfianza del Gobierno central hacia las demás Administraciones.
El texto se aleja de lo que establece el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que permite un déficit de hasta el 3%.
La ley obliga a transmitir al Ministerio de Hacienda los planes que elaboren las comunidades para corregir los posibles desequilibrios presupuestarios, que se deben controlar desde ese departamento. Asimismo, otorga al Consejo de Política Fiscal y Financiera -un organismo integrado por el Gobierno y las autonomías, donde las dos partes tienen los mismos votos- poderes para fijar objetivos de estabilidad.
Las comunidades deben pedir autorización a la Administración central -de acuerdo con el articulado de la ley- para las solicitudes de crédito en el extranjero así como para la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 2002