El futuro de Maremàgnum está en entredicho. El consejero de Interior del Gobierno catalán, Xavier Pomés; la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Carme San Miguel, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Joaquim Tossas, se reunirán la semana que viene para analizar la seguridad en este complejo de ocio, sobre el que el año pasado se levantaron 32 actas policiales por parte de los Mossos d'Esquadra y de la Policía portuaria. El Ayuntamiento anunció ayer que acelerará la aplicación de un plan que comportará el cierre de varios locales nocturnos del complejo.
La muerte, en la madrugada del pasado domingo, del ecuatoriano Wilson Pacheco tras recibir una paliza y ser arrojado al agua por vigilantes de varios locales de ocio, ha sido la gota que ha colmado el vaso. La polémica no se limita al bar Caipirinha, donde se impidió la entrada de Wilson Pacheco -lo cual desencadenó los incidentes-, sino que afecta a otros bares de ese centro de ocio, situado en el puerto de Barcelona.
El Departamento de Interior tramitó durante el año 2001 un total de 32 actas policiales contra varios de estos locales, 'la gran mayoría' por impedir el acceso a ciudadanos que deseaban entrar, pero también por falta de licencias y por motivos de seguridad. El local más afectado, con siete actas, fue Caipirinha, pero hubo también varios establecimientos que acumularon más de cuatro actas durante el año pasado.
Las 32 actas se refieren únicamente a irregularidades detectadas por los Mossos d'Esquadra y por la Policía portuaria, a las que hay que sumar las levantadas por la Guardia Urbana y el Cuerpo Nacional de Policía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 2002