El Gobierno, arropado por la plana mayor del Partido Popular en Málaga, no ahorró ayer boato en el acto oficial de inicio de las obras de la planta desaladora de la ciudad, una actuación que el Ministerio de Medio Ambiente entiende va a resolver 'un problema histórico' en la capital malagueña: los problemas de abastecimiento en épocas de sequía y, sobre todo, la mala calidad del agua que se consume. La obra, con un presupuesto de 48,4 millones de euros (unos 8.061 millones de pesetas) estará concluida en abril de 2003 y podrá tratar unos 165.000 metros cúbicos al día, una cifra que está por encima del consumo de los 800.000 habitantes que se verán beneficiados por esta actuación.
Al margen del retraso en su puesta en marcha, el proyecto nace con polémica. La actuación pretende resolver los problemas de salinización de los pantanos que abastecen a la capital malagueña, donde la entrada de agua procedente de dos manantiales salinos ha provocado un alto grado de contaminación. Sin embargo, el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Ignacio Trillo, recordó ayer que este problema fue solucionado en 1991 con la construcción de una tubería que vertía directamente al mar el agua salinizada. Unas conducciones que se quedaron sin utilizar cuando el PP se hizo con el gobierno del Ayuntamiento y con la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Trillo incluso discrepa de la ubicación de la planta y considera que hubiera sido más efectivo construirla junto al mar, para tener un suministro alternativo en épocas de sequía. Este proyecto, según fuentes municipales, encarecía la actuación y se consideró 'innecesario', por el convencimiento de que las obras hidráulicas del denominado Plan Málaga garantizan el suministro a la ciudad en las circunstancias más adversas.
La financiación de la obra también ha resultado polémica. El secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Pascual Fernández, asegura que asume el 75% del coste, mientras que el Ayuntamiento de Málaga aporta el resto. En total 2.000 millones de pesetas, parte de los cuales se financian a 50 años por un crédito de la propia Empresa Estatal Acusur. La Junta asegura que la aportación estatal proviene en su totalidad de fondos europeos y que la parte municipal será repercutida en los recibos de Emasa, la Empresa Municipal de Aguas, por lo que 'el Ministerio de Medio Ambiente no financia una sola peseta del proyecto'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2002