José Antonio Noguera de Roig, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, se escudó ayer en su condición de octogenario para hacer oídos sordos a algunos asuntos espinosos planteados por los portavoces de la oposición parlamentaria durante su comparecencia ante las Cortes Valencianas para comentar el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2000. 'Nada es verdad ni mentira', llegó a decir Noguera de Roig parafraseando a Ramón de Campoamor ante la insistencia de la oposición sobre ciertos asuntos oscuros.
El Síndic sorprendió a todos los presentes cuando defendió, 'aunque esté fuera de contexto', la notable mejoría registrada durante 2001 en la contabilidad del Instituto Valenciano de la Exportación. El comentario, extemporáneo, se produjo apenas horas después de que los juzgados desestimaran la querella contra la Generalitat formulada por el diputado provincial Joan Antoni Toledo, del PSPV, a raíz de los supuestos pagos a Julio Iglesias al margen de las cuentas oficiales.
Todos los portavoces de la oposición calificaron como 'valiente' el último informe de la Sindicatura de Comptes a partir de las severas recomendaciones que contiene.
Noguera reforzó el valor de tales recomendaciones cuando comentó que los auditores huyen de la 'osadía' y cuidan mucho el lenguaje a la hora de redactar el informe porque basan sus opiniones sobre muestras aleatorias y carecen de toda la información. El síndic pretendía suavizar el tenor de algunas críticas, pero, de hecho, subrayó el calibre de las mismas, redactadas siempre con un tono muy medido.
A lo largo de toda su comparecencia, Noguera evitó responder a la oposición y, sin embargo, insistió en aclarar algunos extremos que destacó Ricardo Costa, portavoz del PP, a quien se dirigió sistemáticamente como Juan Antonio.
Las obras 'delegadas' por la Consejería de Obras Públicas a las empresas Ferrocarrils de la Generalitat o a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales; la falta de claridad sobre la situación patrimonial de la misma empresa; la ausencia de 'regulación' de un préstamo de 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) concedido al Instituto Valenciano de Vivienda; la deuda de la Ràdio Televisió Valenciana; el volumen de derechos pendientes de cobro y la escasa eficacia demostrada por el Consell a la hora de reclamar esas facturas pendientes; o el volumen de gastos no contabilizados durante el ejercicio 2000 que se trasladaron al presupuesto del año siguiente fueron los aspectos en los que incidieron los portavoces de la oposición.
Pero Noguera restó importancia a las recomendaciones de la Sindicatura y prefirió aludir a colores y otros matices.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2002