Los fallos judiciales provocan a veces situaciones pintorescas, como uno reciente de la Audiencia Nacional. El tribunal ha rechazado un recurso que presentó en 1998 el presidente del Gobierno balear contra el Ministerio de Medio Ambiente. Con el tiempo, una misma persona, Jaume Matas, ha sido responsable de ambas instituciones, lo que le ha convertido de demandante en parte demandada.
Cuando presidía el Ejecutivo balear, Matas recurrió la delimitación del dominio público del litoral de Formentera porque no la consideraba acertada. Los tribunales le dan ahora la razón como ministro, pero se la quitan al ex presidente en su litigio contra su compañera de partido, Isabel Tocino. A pesar de militar ambos en las filas del mismo partido, el PP, la fijación de los límites del dominio y servidumbres públicos en las costas de Baleares les enfrentó. La ministra Tocino y el equipo de la dirección de Costas, entonces bajo el mando de Fernando Marín, libraron una sorda pelea contra su compañero de gabinete, Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores y oriundo de las islas, quien no desaprovechaba la ocasión para quejarse de los deslindes. Matutes tenía y mantiene muchos intereses vinculados a promociones urbanísticas en el litoral, en algunos casos asociado con Gabriel Cañellas, antecesor de Matas en la presidencia del Gobierno autónomo de las islas.
Matas justificó los recursos contra los deslindes porque no estaban bien realizados. "El litoral se ve de manera diferente desde un despacho de Madrid que in situ", afirmó al poco de ser nombrado ministro. El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dice que los deslindes de Formentera se hicieron "conforme a derecho", según ha podido comprobar tras inspeccionar los jueces los hitos en las zonas dunares, los acantilados y las salinas. Estas últimas pertenecen a Salinera Española, sociedad de la que era accionista Gabriel Cañellas. El deslinde de la isla de Formentera generó más de cuarenta recursos, muchos de los cuales se han fallado en favor del Estado, según asegura el secretario de Aguas y Costas, Pascual Fernández. Todavía quedan cuatro o cinco pendientes de resolución.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de febrero de 2002