La aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha provocado la creación de una asociación civil de damnificados por esta norma, aprobada en 1992. Los vecinos que la promueven se sienten especialmente afectados por la figura del agente urbanizador que, según la propia ley, tiene como fin fomentar la urbanización con la implantación de infraestructuras a través del compromiso de una empresa que no requiere ser propietaria de los terrenos sobre los que actúa. Ante las empresas, los propietarios del suelo pueden constituirse en agrupaciones de interés urbanístico para presentar propuestas de urbanización.
El hecho es que, al menos en Castellón, desde que se implantó la figura del agente urbanizador no se ha adjudicado ninguna urbanización a agrupaciones de vecinos cuando éstos se han 'enfrentado' a la propuesta de una empresa. Este hecho y los innumerables pleitos que la aplicación de la ley propicia han llevado a la unión de más de un centenar de vecinos, incluidos en distintas agrupaciones de interés urbanístico, con el fin de crear una asociación civil para analizar y debatir la ley y su aplicación. La ley ha sido objeto de consulta por el TSJa valenciano ante el Tribunal Constitucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de febrero de 2002