Mi amigo Gerardo Muñoz cree ciegamente en la vigencia de las ideologías, y en esto no admite tibiezas. Nadie puede desmarcarse -me lo dice muchas veces- de un pensamiento político y mucho menos el intelectual, responsable precisamente de analizar la realidad desde un compromiso activo, ya sea de izquierdas o de centro-derecha. Lo que ocurre es que hay situaciones y anteproyectos de ley que no se pueden saldar con un simple golpe de progresismo simpático. Esta semana lo he sufrido en mis carnes con el anuncio ministerial de una nueva prueba de reválida (PGB) para los estudiantes de ESO, propuesta que ya ha sido calificada de 'fraude' por CC OO, y de 'monstruosidad', según la patronal Concapa. Me parecen, en ambos casos, respuestas demasiado precoces, ya que no se conocen aún los contenidos de la llamada Ley de Calidad ni ha habido tiempo de calibrar en serio los resultados. Tildarla, pues, de clasista y selectiva sin contar con la opinión de miles de profesores que sufren día a día un sistema educativo ineficaz y paternalista me parece muy osado. Pero, claro, lo mío también es una opinión y aún faltan datos para actuar en consecuencia. Lo mismo me ha ocurrido con el caso de José Mantero, el cura gay. Yo mismo defendí en su momento la valiente salida del teniente coronel Silva al declarar abiertamente su homosexualidad, pero las revelaciones del vicario de Valverde del Camino me han parecido un simple epíteto. Vayamos por partes. En primer lugar no me resulta noticioso manifestarse homosexual de manera tan ferviente. Hacerlo supone desnaturalizar una condición que se pretende definir como natural. Si lo novedoso consiste en declararlo desde el seno de la Iglesia, me parece poco original ya que proliferan los ejemplos de religiosos promiscuos alrededor de nuestra vida y a lo largo de la historia. Contar además que se practica el sexo desde el sacerdocio tampoco es noticia. En resumen, todo este revuelo sólo sirve para insistir, una vez más, en la gran hipocresía del clero, los preceptos del sensacionalismo y la vigencia de unas leyes tan absurdas que merecen, ahora sí, calificarse de monstruosidad y de fraude.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de febrero de 2002