El titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha imputado a los dos funcionarios de la Delegación municipal de Tráfico que fueron denunciados por la Fiscalía por un supuesto delito de cohecho, según adelantó ayer Europa Press. Los dos funcionarios, que tendrán que declarar ante el juez el próximo 21 de febrero, recibieron supuestamente, entre 1996 y 1999, cheques al portador y viajes gratis por parte de la empresa Andaluza de Señalizaciones, adjudicataria del servicio de mantenimiento y señalización de la zona sur de la ciudad.
Los dos funcionarios fueron denunciados por la Fiscalía sevillana después de que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, remitiera al Ministerio Público el expediente abierto por la Delegación de Tráfico tras detectar indicios de irregularidades. La declaración como imputados de ambos trabajadores había sido solicitada por la propia Fiscalía en la denuncia remitida al juzgado, en la que también solicitaba la práctica de una serie de diligencias de investigación.
Entre los hechos que deben ser investigados se encuentra si los funcionarios recibieron de la empresa Andaluza de Señalizaciones S.A. un cheque al portador por valor de 3.606 euros (600.000 pesetas) y si con cargo a la misma entidad realizaron, junto a sus familiares, diversos viajes a ciudades como Tenerife, París o Burdeos.
Comisión de investigación
El caso se remonta al expediente disciplinario abierto el pasado verano a los dos funcionarios por parte del delegado de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Blas Ballesteros, después de que se se apreciaran indicios de que los dos trabajadores municipales habían podido recibir varios obsequios de la empresa. Paralelamente a la vía penal, el alcalde, a petición de IU, creó por decreto una comisión de investigación, integrada por todos los grupos municipales, para depurar posibles responsabilidades políticas que hubieran facilitado las supuestas irregularidades de los funcionarios.
Tras celebrar varias reuniones y escuchar los testimonios de más de una veintena de políticos, funcionarios y trabajadores de Andaluza de Señalizaciones, la comisión concluyó que no se habían podido determinar en los hechos 'complicidad ni connivencia ni encubrimiento' por parte de los actuales responsables de la Delegación de Tráfico ni por los de la anterior corporación, durante la que supuestamente se cometieron las irregularidades.
No obstante, la comisión sí que advirtió 'demoras' y 'retrasos importantes' en la tramitación del expediente para la nueva adjudicación del contrato de señalización y balizamiento, lo que llevó al grupo popular en el Ayuntamiento a pedir al alcalde la destitución del concejal de Tráfico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de febrero de 2002