El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT expresó ayer su temor a que el titular del Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia decida remitir hoy a la Audiencia Nacional la denuncia por la protesta sindical en las Cortes Valencianas en diciembre de 2000.
Lozano y otros ocho miembros de su sindicato están procesados por alterar el normal desarrollo del debate en pleno del proyecto de ley de Presupuestos de 2001 celebrado en las Cortes Valencianas. Los sindicalistas desplegaron una pancarta en protesta por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios desde la tribuna de invitados del hemiciclo durante la intervención del consejero de Economía, Vicente Rambla, y la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, decidió detener el pleno. Finalmente fueron desalojados por miembros de la Policía Autonómica valenciana.
Luis Lozano explicó ayer que el fiscal había presentado un escrito al juez en el que recuerda que la Audiencia Nacional tiene competencias para juzgar los delitos contra las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El juicio por los incidentes, cuyas diligencias de investigación se abrieron a raíz de una denuncia presentada por el vicepresidente primero de las Cortes, José Cholbi, quien entregó a la Fiscalía el atestado policial y una declaración institucional elaborada por la comisión parlamentaria del Estatuto del Diputado, está fijado para mañana en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia.
Madrid o Valencia
El dirigente sindical expresó ayer su convicción de que el caso será trasladado a la Audiencia Nacional, ya que la FSP ha renunciado a llegar a cualquier acuerdo previo. Luis Lozano explicó que su federación tiene en estos momentos tres pleitos con el Consell a causa de los horarios de los conductores del parque móvil de la Generalitat; los supuestos malos tratos recibidos por la presidenta del comité de empresa del citado colectivo durante un encierro y la denuncia por prevaricación contra el director general de la Función Pública.
Luis Lozano afirmó que el fiscal del caso 'o está muy distraído o actúa de mala fe ya que pretende trasladar el caso a la Audiencia Nacional'. Lozano aseguró sentir indefensión ante la actuación de la Fiscalía y criticó que el juez no haya permitido a la defensa citar a declarar como testigos a la presidenta de las Cortes y a otros cuatro diputados socialistas.
Las afirmaciones de Luis Lozano provocaron una reacción inmediata del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Beltrán, que tras conversar con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, indicó que el juicio puede celebrarse en Valencia si así lo decide hoy el juez de acuerdo con las partes. Al juicio de hoy está previsto que asistan docenas de sindicalistas en apoyo de los acusados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de febrero de 2002