El consejo escolar del centro de educación obligatoria Manuel de Falla de La Orotava (norte de Tenerife) ha denunciado ante el juzgado número 1 de esta localidad a los responsables de siete familias de la zona alta del municipio, al entender que la nueva Ley del Menor contempla la obligación de denunciar situaciones de absentismo escolar continuado y dejación de las responsabilidades propias del cabeza de familia que coloquen a los escolares en situación de riesgo e indefensión.
El expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores y ya ha tenido su efecto. Tres de los nueve niños entre 10 y 16 años que apenas habían aparecido por clase desde septiembre pasado ya se han reincorporado al centro, al que llegan alumnos de los barrios de Benijos, Aguamansa, Chasna y el barrio de Colombo. Como ejemplo, los responsables del Manuel de Falla citan el caso de una niña de 12 años, "una estudiante muy brillante en cursos anteriores", con un nivel de absentismo injustificado cercano al 60% desde septiembre. A pesar de ser uno de los pocos centros con Museo Etnográfico y de haber obtenido dos premios europeos por conservación del patrimonio, un 40% de los alumnos abandona los estudios antes de la titulación en cuarto curso de la ESO.
El hecho, aún pareciendo insólito, no es único. En los últimos dos años la Fiscalía ha instruido al menos una docena de casos y otros cincuenta se han resuelto en el último momento antes de presentarlos en el juzgado de guardia, informó el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Zenón Ruano. Incluso recuerda que, en una ocasión anterior, "se apartó una menor de su familia", porque "hubo una dejación absoluta de responsabilidades".
"El primer paso ha sido intentar dialogar con las familias", comenta Manuel Borges, de 48 años, jefe de estudios del Manuel de Falla, un colegio en el barrio de El Barroso, en el que están matriculados unos 600 alumnos de tres a dieciocho años, de los que, al menos, doscientos viven en condiciones de riesgo, convirtiendo al centro en "una auténtica bomba de relojería". "Los niños no asistían a clase durante todo el año, sus padres no han contestado a los múltiples llamamientos que les hemos hecho, no han abonado una sola mensualidad del comedor y carecían de material, a pesar de que su situación económica era normal", declaró Borges.
El siguiente paso fue activar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Orotava, "que realizan una labor ejemplar pero están desbordados por falta de medios". El colegio asegura tener conocimiento de 34 familias cuyos niños se enfrentan a situaciones de riesgo de desamparo y otras 68 en situación de pre riesgo, con un total de 280 niños.
Las siete familias denunciadas "tampoco respondieron a los programas, por lo que la única salida fue presentar el caso ante el juzgado". El pasado 24 de enero, el consejo, con representación de alumnos, padres, personal no docente, profesores y dirección, decidió presentar la denuncia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de febrero de 2002