La Carta Municipal de Barcelona es un instrumento legal que define un régimen especial para la ciudad, en su condición de gran urbe metropolitana. Pretende dotar a su ayuntamiento de poderes dispersos entre la Administración autonómica y la del Estado. Sustituye a la Carta de 1960. La parte relativa a competencias autonómicas fue aprobada en 1998 por el Parlamento catalán. Los aspectos sobre competencias del Estado han de ser aprobados aún por las Cortes. Éstos son los principales aspectos pendientes:
- Tráfico. Otorgar a la Guardia Urbana la facultad para retirar el carné de conducir por infracciones graves en las vías urbanas y ampliar las competencias sancionadoras de los vigilantes de la zona azul.
- Financiación. La Carta propone que el Ayuntamiento de Barcelona tenga una participación en la recaudación de los impuestos indirectos en la ciudad, del 10% en el hidrocarburos y del 5% en el IVA.
- Justicia. Una de las principales innovaciones propuestas en la Carta es el establecimiento de la justicia rápida para los delitos menores, impartida por jueces municipales.
- Seguridad. En materia de seguridad, la Carta propone habilitar a la Guardia Urbana para ejercer funciones de policía judicial y atribuir al alcalde la presidencia de la Junta de Seguridad de la ciudad.
- Residentes. El proyecto de Carta propone dar derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros empadronados en la ciudad.
- Servicios. La Carta crea consorcios del Ayuntamiento y la Generalitat para coordinar su actuación en materia de urbanismo, vivienda, sanidad, transporte enseñanza y servicios sociales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de febrero de 2002