Con años de retraso ha entrado en el Congreso el proyecto de ley sobre Prevención y Control de la Contaminación, transposición de una directiva de 1996 de la Comisión Europea que debería haberse incorporado al derecho español antes de octubre de 1999. La ubicación de nuestro país en el pelotón de los rezagados, con Grecia y Luxemburgo entre otros, sugiere que hace a rastras los deberes y que la misma existencia del Ministerio de Medio Ambiente responde más a una estrategia de imagen que al interés por otorgar peso real en el Gobierno a este departamento.
El proyecto pretende la coordinación de las administraciones públicas para que la autorización de nuevas instalaciones con alto potencial contaminante se concentre en una sola ventanilla. Se simplificará así el laberíntico papeleo que deben trajinar los promotores de plantas industriales o ganaderas cuya actividad genere vertidos al aire, el agua o el suelo. En contrapartida, cada instalación deberá contabilizar sus emisiones y estará obligada a no superar unos niveles máximos fijados por la Comisión Europea, aunque las autonomías tendrán libertad para reducirlos en su ámbito territorial. La información sobre estas emisiones se incluirá en un registro europeo abierto al público, actualizado por los Estados miembros cada tres años.
De aplicarse rigurosamente, esta transparencia ambiental supondrá un hito equiparable a la presentación de cuentas de una sociedad cotizada en Bolsa ante la Comisión del Mercado de Valores. La ley prevé asimismo que todas las instalaciones afectadas deberán introducir las mejores tecnologías disponibles para minimizar sus emisiones; modernizarse, en una palabra.
Las inversiones para alcanzar ese objetivo hasta 2007 se elevan a 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), según estimaciones realizadas por las empresas involucradas. Es una suma elevada, que puede comprometer la supervivencia económica de algunas de ellas. Pero en sus manos, en el cumplimiento de los acuerdos voluntarios que alcancen, descansa el éxito de esta ley. Las administraciones tendrán bastante con agilizar sus procedimientos, velar porque la información sobre emisiones sea verídica y no utilizar la facultad de conceder bulas a los contaminadores bajo la excusa de que echarán el cierre si se les aplica la norma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de febrero de 2002