La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja decretó ayer prisión incomunicada para la mujer que el jueves se entregó a la Guardia Civil y confesó que había matado a su marido. Sin embargo, Encarna Fernández Fernández, de 30 años, permanecerá al menos hasta hoy retenida en el cuartel de Torrevieja, a la espera de nuevas diligencias. La Guardia Civil busca al padre y a los hermanos de la mujer, que huyeron tras los hechos y a quienes la madre de la víctima atribuye la autoría del crimen.
Mientras la detenida permanece incomunicada en las dependencias de la Guardia Civil de Torrevieja como principal sospechosa, los agentes investigan el entorno familiar de la mujer para esclarecer la autoría del crimen. Además, la Guardia Civil ha activado un dispositivo para evitar posibles venganzas entre las distintas familias de etnia gitana a las que pertenecía la pareja.
La mujer se personó voluntariamente el pasado jueves ante la Guardia Civil con el arma homicida y declaró que había matado a tiros a su marido en una vivienda de la urbanización Calas Blancas de Torrevieja (La Vega Baja). La mujer esgrimió que la víctima, Juan Fernández, de 35 años, le inflingía malos tratos. Sin embargo, los familiares del fallecido consideran al padre y a los dos hermanos de la mujer como los autores materiales del crimen. La acusación particular sostiene que el padre de Encarna y los hermanos de ésta convencieron a la mujer para que se declarase culpable, alegando malos tratos.
Ayer, durante una reconstrucción de los hechos, la presunta homicida insistió en su declaración inicial y volvió a confesar la autoría del crimen. La reconstrucción del suceso, que tardó media hora, se realizó en la vivienda donde se halló el cadáver, y estuvieron presentes la juez y agentes de la Guardia Civil.
Tras terminar esta diligencia, la juez dictó prisión incomunicada para la mujer en espera de la práctica de las nuevas pruebas. La magistrada decide hoy cuándo ingresará la mujer en la prisión alicantina de Fontcalent, según informaron fuentes judiciales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de febrero de 2002