El STEPV aseguró ayer que el proyecto de decreto que regula la exigencia del valenciano para el acceso y la provisión de plazas docentes no universitarias no sólo 'es imprescindible', sino que además es 'legal y constitucional'.
El sindicato se mostró dispuesto 'a respaldar jurídicamente a la Consejería de Educación en caso de que se interpusiera cualquier recurso en contra'. Pero el STEPV planteó que en el debate abierto por Educación se revise la 'excepcionalidad' y 'se blinde a los centros que imparten las clases en valenciano, ya que no hay ningún problema para cubrir las plazas porque existe profesorado formado de sobra'. También rechaza los 10 años de margen que concede en los centros que aún no tienen líneas en valenciano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de febrero de 2002