El Gobierno de Navarra advirtió ayer de que los 18 meses de atasco en la resolución de expedientes de regularización de inmigrantes en la comunidad foral están incrementando las bolsas de exclusión social y facilitando la actividad de las mafias. El Ejecutivo regionalista se comprometió a mediar ante la Delegación del Gobierno central para desatascar el proceso.
Más de 10.000 de los 20.000 inmigrantes que viven en esta región carecen de los documentos necesarios para trabajar legalmente. Unos 5.700 inmigrantes se hallan a la espera de que sus expedientes sean resueltos y otros 5.000 extranjeros carecen de todo documento.
El presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, se reunió ayer con responsables de Cruz Roja, Cáritas, Anafe-CCOO y Centro Guía de UGT. Ante sus representantes, Sanz se comprometió a mediar entre estas organizaciones y la Delegación del Gobierno para desatascar el proceso. Calixto Ayesa, consejero de Bienestar Social, indicó que el parón 'está generando los primeros casos de exclusión social, facilita la actividad de las mafias y supone un costo añadido para las arcas públicas de una población que, deseando trabajar y habiendo trabajo, no puede hacerlo por problemas burocráticos'.
Cruz Roja, Cáritas, Anafe-CC OO y Centro Guía de UGT suspendieron el pasado mes de octubre cualquier colaboración con la Delegación del Gobierno en Navarra y reclamaron una mayor dotación personal y material para agilizar los trámites burocráticos de regularización de los inmigrantes.
18 meses por expediente
Cuatro meses después de criticar el monumental atasco administrativo que colapsa los procesos de regularización en Navarra, el plazo medio de resolución de los expedientes se ha elevado de 15 a 18 meses, según recalcaron ayer las organizaciones sindicales y humanitaria.
Estos colectivos pidieron al Ejecutivo navarro que medie para evitar el 'continuo deterioro' de la situación y lograr que la Ley de Extranjería 'se aplique con sentido común y flexibilidad'. Y reclamaron a Sanz que dé un 'golpe de timón' en el tratamiento de la extranjería en Navarra para evitar que los inmigrantes engrosen el colectivo de perceptores de la renta básica y las ayudas sociales por no poder trabajar.
Las cuatro organizaciones propusieron al Gobierno regionalista que apoye medidas como la expedición de autorizaciones provisionales de trabajo para quienes estén esperando la resolución de sus permisos de residencia, para facilitar las altas en la Seguridad Social o crear fórmulas que eviten la vuelta a situaciones de irregularidad a quienes, habiendo tenido permisos de trabajo, los hayan perdido eventualmente por la extinción de sus contratos laborales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de febrero de 2002