La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, informó ayer por primera vez acerca de la ley de cooperación y coordinación sanitaria que prepara su departamento. Villalobos insistió en que la ley no recortaría las competencias de las comunidades autónomas. Los grupos de la oposición se quejaron de que, dos meses después de terminadas las transferencias sanitarias, aún no conocen el borrador de la ley.
Villalobos definió ayer ante la Comisión de Sanidad del Congreso la ley que está preparando como de "coordinación, cooperación y participación". La ministra explicó que la coordinación era necesaria, ya que "la ley garantiza las competencias exclusivas del Estado, pero no al margen de las comunidades autónomas", cuya "cooperación se busca siempre, a través del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud [el organismo donde están representados el ministerio y las consejerías de Sanidad]".
Entre las competencias exclusivas del Ministerio están asegurar "la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias", el manejo de una base de datos con la información que permita que un paciente sea atendido por cualquier sistema de salud, el "desarrollo de actuaciones coordinadas en materia de salud pública" y la "gestión del fondo de cohesión del Sistema Nacional de Salud", según Villalobos.
Para cumplir con sus objetivos, el Consejo Interterritorial deberá revisar su composición y fortalecerse. Además, Villalobos confirmó la creación de una Agencia de Gestión y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, que dependerá del Ministerio y prestará sus servicios al Gobierno y las comunidades autónomas. Esta agencia se nutrirá de la "información básica" fijada por ley que deberán facilitar las comunidades. En este sentido, "ni sustituye al Ministerio ni pretende arrancar competencias a las comunidades autónomas", dijo la ministra en respuesta a las críticas formuladas -"sin conocer el texto que prepara el Ministerio"- por la portavoz de CiU, Zoila Riera.
También la representante del PNV, Margarita Uría, expresó sus temores de que si se trata de una ley de coordinación "estaremos ante un ejemplo más de la regresión autonómica del Gobierno" desde que tiene la mayoría absoluta de las Cortes. Uría recordó que el Tribunal Constitucional había definido el carácter "voluntario" de la cooperación entre comunidades y Estado.
La portavoz de IU, Marisa Castro, centró sus críticas en el modelo de financiación. Castro manifestó su "absoluto desacuerdo" con que se utilicen impuestos al consumo para financiar las sanidades autonómicas. Ello llevaría a desigualdades entre las comunidades según su capacidad de consumo, afirmó. Para corregirlo, la parlamentaria de IU pidió que el Fondo de Cohesión fuera cogestionado. Castro también se preguntó acerca de la necesidad de una agencia especial y si "invadía competencias", y se quejó de no tener todavía un borrador del proyecto.
Por el PSOE, la secretaria de política sanitaria, Consuelo Rumí, resaltó tres "carencias" del proyecto anunciado: que no aclara los derechos de los ciudadanos, que no insiste en el fortalecimiento del carácter público de la prestación sanitaria y que "no cree en el Estado de las Autonomías". También criticó el retraso en la elaboración de la ley, y ofreció a la ministra la proposición que su grupo presentó la semana pasada en el Congreso.
Sobre el retraso, Villalobos dijo que si la ley fuera imprescindible, debería haberse promulgado cuando se realizó la primera transferencia, la de Cataluña en 1981. Acerca de usar el texto del PSOE, respondió: "Al final, todos vamos a llegar a un consenso".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de febrero de 2002