La delincuencia es uno de los gravísimos problemas, entre otros, que se padece en España y me ha llamado mucho la atención que no exista una política criminal para hacerle frente, tal y como denunciaba la magistrada Manuela Carmena en EL PAÍS del 6 de enero. Está claro, pues, que urge disponer de una política criminal bien diseñada y de aplicación general para resolver el problema de la delincuencia, que tanto preocupa a la ciudadanía.
Los poderes públicos no han cogido ni cogen, en este asunto, el toro por los cuernos. Tengo la impresión de que el problema de la delincuencia se afronta simplemente como se puede, más bien con medios escasos, y los esfuerzos de las fuerzas de seguridad no se ven compensados y la inseguridad ciudadana va in crescendo. ¿Qué hacer?
Por mi parte, me sumo al debate y a la preocupación ciudadana que existe por dicho problema y voy a tratar de aportar mi granito de arena. Además de lo que se hace, por insuficiente, se podría constituir con celeridad una comisión interministerial, con representación de todas las comunidades autónomas, con el fin de diseñar esa política criminal y tratar el problema de la delincuencia de un modo global, integral, coordinadamente y con ciertos convencimientos y objetivos claros. Por ejemplo: Una sociedad civilizada como la nuestra no debe permitir que haya personas en su seno que tengan como profesión delinquir. Toda persona, en una sociedad civilizada, tiene derecho al trabajo, pero a vivir de un trabajo honrado; los beneficios a obtener para la ciudadanía, la convivencia, en sus aspectos psíquicos, físicos, sociales, económicos, políticos, etc., serían enormes.
El éxito está garantizado si se emprende y se dirige bien la labor con verdadera voluntad por parte de los poderes públicos y con la complicidad de la ciudadanía.
Bueno, hay que hacer más de lo que se hace y todo lo posible para reducir el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana a la mínima expresión. Los poderes públicos son los primeros responsables ante problemas sociales graves, porque se trata, a su vez, de la gobernabilidad de una sociedad como la nuestra: democrática, plural y multicultural.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de febrero de 2002