Los empresarios de hostelería afectados por la paralización de las obras de 10 proyectos de infraestructura turística en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) consideran que la Administración les debería indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, en muchos casos desde hace un año y medio. El futuro de los hoteles está a expensas del Juzgado número 2 de Cazorla, que investiga un presunto delito urbanístico del Ayuntamiento de La Iruela. El alcalde, cuatro concejales y un técnico están imputados. El PP ejerce la acusación particular.
'Que se nos diga si son legales o ilegales, pero que se nos conteste rápido porque la situación ya es inaguantable'. José Cuadros Cruz, un empresario afincado en Cataluña y que decidió invertir en su tierra natal, es uno de los más afectados por este conflicto urbanístico. Hace un año y medio tuvo que parar la construcción de un hotel de cuatro estrellas y una urbanización de 20 viviendas en el núcleo de Arroyo Frío, en el interior del parque natural. Ahora ha tenido que reintegrar, con el doble de lo que había recibido, las cantidades entregadas a cuenta por la venta de las viviendas, y sus pérdidas -incluido el retraso en la apertura del hotel- se elevan ya a 985.659 euros (164 millones de pesetas).
Como él, otros empresarios aguardan desde hace más de un año a que el Ayuntamiento de La Iruela les comunique si pueden seguir adelante con la construcción de sus hoteles, casas rurales o apartamentos. Muchos de ellos estudian en estos momentos alguna fórmula legal para reclamar, por la vía administrativa, el pago de daños y perjuicios para resarcirse de las pérdidas ocasionadas.
Denuncias
Según fuentes de la junta rectora del parque natural, la mayor parte de las obras quedaron paralizadas tras las denuncias de particulares y de agentes del Seprona de la Guardia Civil. Más tarde fue el propio Ayuntamiento de La Iruela -al que pertenece el núcleo de Arroyo Frío- el que mandó parar otras edificaciones. El alcalde de este municipio, el socialista Antonio Castillo, eludió en su día cualquier responsabilidad municipal en este tema y culpó a algunos empresarios de desacato por ignorar la paralización de los proyectos.
La mayor parte de las irregularidades que se investigan corresponden a licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento para la rehabilitación de cortijadas o casas de labranza y que acabaron finalmente en la construcción de apartamentos e instalaciones hosteleras.
Los empresarios, en cambio, defienden su inocencia y recuerdan que no existe ninguna imputación contra ellos. 'Contábamos con las licencias oportunas y edificamos en terrenos urbanizables', asegura José Cuadros.
El Juzgado número 2 de Cazorla está a la espera de conocer el pronunciamiento del Ministerio Fiscal para decidir si abre juicio oral o, por el contrario, archiva las diligencias. El PP de La Iruela se personó como acusación particular en el caso, por el que están imputados, por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el alcalde, Antonio Castillo, los concejales Serafín Valerio, José Ramón Gil y José Luis Granero (todos ellos del equipo de gobierno), el edil de la anterior Corporación Martín Fabrega y el que fuera técnico municipal Pablo Bautista, que dejó su puesto a finales de 2001.
El presidente del PP en La Iruela, Miguel Cuadros Arias, considera significativo el cese del técnico municipal. 'Al alcalde se le ha escapado la ordenación urbanística', indica después de censurar la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que el gobierno local del PSOE realizó a final del último año 'sin consenso político ni social'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de febrero de 2002