'Existe una creciente sensibilización de los europeos hacia la violencia contra la mujer, pero se ve, al mismo tiempo, como un problema ajeno, ligado a sectores marginados o con problemas de alcoholismo o drogadicción', asegura la catedrática española de Psicología María José Díaz-Aguado, autora de uno de los informes que hoy presentará en Lisboa el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio.
La experta percibe asimismo un desfase entre las intenciones y los resultados. 'Por encuestas anteriores, que cito en el estudio, se sabe que el 95% aboga por endurecer las penas, pero, seguidamente, un 91% hace hincapié en la educación. Lo que sucede es que, más allá de reconocer la importancia de la educación, los Gobiernos apenas están haciendo nada en este campo, como si se pensara que basta con hacer una declaración de intenciones y dejar constancia del valor que se le concede', añade Díaz-Aguado, instando a los países de la Unión a que actualicen la formación de profesores y alumnos en este área.
El informe ha tenido en cuenta los diferentes contextos sociales de los países miembros y la dificultad para unificar preguntas y respuestas. Las primeras 50 páginas muestran porcentajes, y el resto, más de un centenar, se adentra en señalar 'buenas prácticas'. En Alemania, en concreto, se reconoce a la víctima de la violencia el derecho a una indemnización estatal por no haber sabido protegerla el Estado con su policía y sus recursos. En Suecia, los planes de estudio de diferentes carreras y diplomaturas relacionadas con este área (abogados, policías, jueces) incluyen temarios sobre la igualdad sexual y la violencia de género.
En opinión de Díaz-Aguado, en España también hay logros, además de carencias. 'En España, la violencia de género está tipificada como delito, un paso positivo que sólo el 22% de los países de la Unión ha asumido en su ordenamiento hasta la fecha'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de febrero de 2002