Los partidos catalanes encargaron ayer a la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de la Generalitat, que investigue la gestión de la empresa Prolhasa, que pertenecía a la Diputación de Barcelona, y el uso de fondos públicos destinados a formación ocupacional que hizo la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat de 1995 a 2001. Las propuestas han sido aprobadas por todos los grupos en la comisión de la Sindicatura de Cuentas que se celebró en el Parlament. El PSC, ERC e ICV exigieron a CiU y al PP que apoyen también la investigación del caso Pallerols, relacionado con la presunta financiación irregular de Unió Democràtica. Prolhasa registró unas pérdidas de 948,8 millones de pesetas, reflejadas en las cuentas de la empresa correspondientes al año 2000.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de febrero de 2002