El Parlamento vasco revocó ayer el acuerdo que permitía a sus diputados cobrar la pensión máxima de la Seguridad Social con sólo permanecer cuatro años en el cargo. Con esta decisión, apoyada por todos los partidos, la Cámara de Vitoria pone punto final al debate político y social que se había abierto hace unos días y que ha deteriorado la imagen de la clase política vasca, en especial del PNV, PP y del PSE.
Estos tres partidos fueron los que permitieron el pasado jueves con sus votos una reforma del Reglamento del Parlamento vasco para crear un sistema complementario de pensiones, que garantizaba a los diputados la pensión máxima, 1.935 euros mensuales (325.000 pesetas), con el único requisito de estar cuatro años en el escaño, repartidos en al menos dos legislaturas. IU y EA se opusieron. Batasuna criticó la disposición, pero no participó en el debate.
En la práctica, la medida adoptada por la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno del Parlamento suponía el desarrollo de lo previsto en el Estatuto del Político Vasco, aprobado por la Cámara en diciembre de 1999. Esta misma comisión es la que anuló ayer el acuerdo.
Los representantes de PP, PNV y PSE volvieron a insistir en que el sistema complementario de pensiones sólo pretendía atender las situaciones de necesidad detectadas en algunos parlamentarios jubilados o en sus viudas. De esta forma, el problema no radicaría tanto en el fondo de la cuestión como en la incapacidad que han mostrado para 'vender' el acuerdo a la sociedad.
Madrid lo mantiene
Por el contrario, los tres grupos de la Asamblea de Madrid (PSOE, PP e IU) se ratificaron ayer en mantener el acuerdo adoptado en julio de 2001 que establece la posibilidad de conceder a los parlamentarios regionales con dos legislaturas de antigüedad como mínimo un complemento para que cobren al jubilarse la pensión máxima del Sistema de la Seguridad Social. Al término de la Junta de Portavoces de la Asamblea, dirigentes de los tres grupos aseguraron que ese complemento no es discriminatorio y emplazaron a acudir a los tribunales a quienes se consideren perjudicados.
El portavoz adjunto de IU, Juan Ramón Sanz, dijo que este acuerdo 'viene a reconocer la labor que determinados ciudadanos hacen desde la política y no tienen que ser un factor de escándalo'. La portavoz adjunta del PSOE, Helena Almazán, recordó que lo aprobado 'no es una ley, sino un convenio a aplicar a cada diputado que solicite esa prestación'. El portavoz del PP, Miguel Ángel Villanueva, señaló que el acuerdo es 'una posibilidad y no un derecho de aplicacion automática. El diputado que lo solicite tiene que haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y la Mesa determinará si procede'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de febrero de 2002