La mayoría absoluta del Partido Popular impidió ayer en el Congreso de los Diputados la aprobación de un plan urgente de normalización de los servicios sanitarios de la cárcel alicantina de Fontcalent, cuya precariedad es alarmante, según denuncian los trabajadores.
El diputado socialista por Alicante Justo González elevó a la Cámara baja una proposición no de ley que incluye el incremento de los recursos humanos y materiales de los servicios sanitarios de Fontcalent con el propósito de 'dignificar' la atención asistencia a la población reclusa.
La iniciativa socialista responde a las continuas reivindicaciones de los profesionales sanitarios de la prisión, quienes aseguran, en un informe elaborado por los facultativos, que el recinto de Fontcalent es 'de los peores dotados, con ínfimas condiciones estructurales' para atender a los reclusos. Según los sanitarios, la situación laboral de los profesionales es además 'dramática', circunstancia que, añaden, repercute en los servicios que prestan. González recalcó que los presos tiene los mismos derechos sanitarios que el resto de ciudadanos, y acusó al PP de negarles 'una mínima calidad sanitaria', al impedir que prosperase su proposición no de ley.
La iniciativa del diputado socialista consistía en la aplicación de un plan para incrementar la plantilla sanitaria, sobre todo de facultativos especialistas; y para reforzar los recursos materiales que permita el buen desarrollo de sus funciones.
Agravio comparativo
El diputado socialista lamenta, no obstante, que 'siga pendiente' la inclusión de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias en el Sistema Nacional de Salud, una histórica reivindicación de sindicatos y formaciones políticas. A su juicio, esta circunstancia supone un 'agravio comparativo' de los sanitarios de prisiones con respecto a los profesionales de la atención primaria del Sistema Nacional de Salud. La precariedad laboral de los trabajadores de prisiones alcanza mayor dimensión en el caso de los funcionarios de Fontcalent. Según González, los médicos y enfermeros cubren jornadas maratonianas que oscilan entre las 120 y las 140 horas semanales, en unas condiciones precarias y propias del tercer mundo.
Los funcionarios de prisiones de la Comunidad reivindican desde hace un año mejoras en sus condiciones laborales. El responsable de prisiones de UGT en la Comunidad, Manuel Sáez, afirma que la situación es insoportable no sólo porque los trabajadores realizan interminables jornadas de trabajo, sino que las horas extras están mal pagadas. El sindicalista denuncia que la asistencia sanitaria en las cárceles valencianas es deficiente y provoca hechos lamentables. Sáez recuerda que entre la población reclusa hay un considerable número de personas seropositivas y toxicómanas que necesitan especial atención.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de febrero de 2002