El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, conversó ayer por teléfono con el presidente del Gobierno central, José María Aznar, para darle explicaciones sobre lo ocurrido el martes en el Parlamento gallego. Los diputados del PP apoyaron ese día una propuesta socialista en la que se reclama al Gobierno central que reforme el Senado para convertirlo en una verdadera Cámara territorial y que garantice la presencia de las autonomías en los Consejos de Ministros de la UE. Según fuentes del PP, Fraga comentó a Aznar que no conocía en detalle la iniciativa pactada con el PSdeG, y cuando se votó ya era tarde para dar marcha atrás. Pero no rectifica su discurso.
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El secretario general del PP de Galicia, Xesús Palmou, que ayer acudió, en delegación de Fraga, a la reunión que el PP celebraba en Madrid para presentar su propuesta de Pacto Local, rechazó la posibilidad de que Fraga hubiera recibido una "llamada al orden" de la dirección del partido. Según Palmou, no existen "diferencias sustanciales" entre las tesis del presidente gallego y la dirección del PP, sino matices de "forma y fórmulas" sobre "la oportunidad y la profundidad" de las reformas propuestas.
Sin embargo, el propio Fraga corroboraba ayer que detrás de sus demandas autonomistas hay una discrepancia ideológica de fondo con sus herederos al frente del partido. Ante el Parlamento gallego, que el día anterior había aprobado la propuesta conjunta del PSdeG y el PP para reclamar la representación de las comunidades autónomas ante la UE, Fraga dejó clara su discrepancia con los nacionalistas pero también con el "unitarismo cerrado", en alusión a la postura del Gobierno de Aznar. Aclaró además que su postura viene de antiguo y que la necesidad de dar voz a las regiones es "uno de los problemas más serios" pendientes de resolución por la UE.
Fraga, en todo caso, tuvo una deferencia con el Ejecutivo central. Confirmó que va a dar la batalla para que se atienda su demanda, pero la aplazó hasta que concluya el mandato español en la presidencia europea.
Ante esta situación, el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, recién elegido vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE, aprovechó el acto que el PP celebraba en Madrid para ofrecerse como mediador a Fraga y los demás dirigentes territoriales europeos de todas las ideologías que reclaman mayor presencia de las autonomías en los órganos de discusión de la UE. Zaplana se ofrece para ordenar este debate de forma "adecuada, razonable, lógica" y dentro del "ámbito de lo posible". El presidente valenciano plantea una vía intermedia entre las posiciones aperturistas de Fraga y las inflexibles de Aznar y la dirección del PP, encabezada por Javier Arenas.
El 28 de febrero se constituirá en Bruselas la convención que estudiará la reforma de las instituciones europeas. Zaplana encabezará la delegación de seis representantes del Comité de las Regiones que acudirán a esa cita y que proceden de diferentes países e ideologías. La víspera se reunirá con ellos para conformar una posición común. Ya ha mantenido algunos contactos privados. El dirigente valenciano entiende que es en esa convención, que revisará el sentido de la "arquitectura" de la Unión Europea, donde procede plantear la discusión sobre el futuro peso de las autonomías, que según él tendrán mucha mayor "fuerza e influencia" en el futuro.Zaplana evitó desautorizar, como sí han hecho estos días Aznar, Arenas y otros dirigentes del PP, las propuestas reformistas de Fraga. Aunque sí apuntó que esas discusiones "no conducen a nada" ahora en los ámbitos nacionales cuando están plenamente abiertas en muchos estados y en los órganos de dirección de la UE. No le parece "lógico" que se aborden así. Él apuesta personal y políticamente por trabajar para lograr una posición "unánime", que ve factible si se articula de manera "adecuada, razonable" y en un "ámbito avanzado pero posible". Y advirtió de que si se plantea lo "imposible" se puede correr el riesgo de que las comunidades autónomas retrocedan.
Pacto Local a la carta
El PP presentó ayer su propuesta de Pacto Local, que prevé ceder a los ayuntamientos competencias que ahora tienen las comunidades en 15 materias. El traspaso se regularía bilateralmente entre cada Gobierno regional y sus federaciones de municipios. La iniciativa apunta un catálogo de las materias a traspasar mediante una ley autonómica: consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, mujer, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico-artístico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda. También plantea que cada autonomía decida entre cuatro vías para ceder competencias: a través de una ley; por delegación; con una encomienda de gestión, o con mecanismos de cooperación como convenios o conciertos en el caso de servicios compartidos. La planificación, ordenación y coordinación seguirá en manos de las comunidades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de febrero de 2002