La comisión de peajes avanza, pero con extraordinaria lentitud, según la mayoría de sus componentes. En el lado optimista sólo se coloca el Gobierno catalán; en el crítico, casi todos los demás. La reunión de ayer dio para varias broncas y algunas aportaciones: una de ellas la hizo el representante de ACESA, que precisó algunos de los puntos en los que la empresa estaría dispuesta a realizar compensaciones. El portavoz de la concesionaria ofreció poner en práctica una política de rebajas a usuarios habituales con cargo a los fondos de la empresa. La mayoría de los que aplican las autopistas de la Generalitat los compensa el Gobierno catalán.
ACESA ofreció también destinar a un fondo común el dinero que pudiera ingresar de más como consecuencia de bonificaciones de las administraciones. Es decir, si tras una rebaja producida por ingresos procedentes de un gobierno aumentaran sus ingresos, aportaría esta cantidad sobrante al fondo general para equilibrar los peajes. Asimismo el representante de la concesionaria mostró su disposición a asumir algunas obras de la red pública de carreteras, siempre que estén directamente relacionadas con un acceso a una autopista.
Las concesionarias han mostrado 'muy buena disposición', afirmó el diputado socialista Manel Nadal, quien recordó que también tienen que hacer aportaciones los gobiernos. El consejero de Política Territorial, Felip Puig, ofreció ayer aumentar el dinero que aporta el Gobierno catalán a los peajes, sin precisar cuánto, y también el importe del IBI, que es un impuesto municipal.
La reunión sirvió para crear una comisión reducida que acelere los trabajos de modo que estén listos antes del 31 de marzo. La decisión se produjo ante el malestar provocado por la determinación del Departamento de Política Territorial de convocar en secreto a algunos miembros de la comisión creada por el Parlament.
Joan Boada (ICV), uno de los más críticos con Puig, alertó sobre lo que, en su opinión, es la tendencia del Gobierno catalán: forzar un acuerdo en Cataluña que sea inaceptable por el Gobierno central para poder seguir practicando el victimismo y afirmar que los malos son los otros. La actitud de Puig al maniobrar a espaldas de la comisión, dijo Boada, quiebra la confianza, un elemento imprescindible si se busca consenso. Puig había justificado las reuniones diciendo que se daban entre todas las partes. En opinión de Boada, las empresas pueden reunirse con quien quieran, pero un gobierno tiene que dar cuenta al Parlament de lo que hace.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de febrero de 2002