El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, manifestó ayer, al término del Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Moncloa, que el Ejecutivo 'no puede admitir' las acusaciones contenidas en el informe de Human Rights Watch (HRW) sobre el trato que reciben los inmigrantes en Canarias. 'Sabemos a lo que nos enfrentamos, nos preocupa y se están tomando medidas', aseguró.
En el informe, presentado el pasado miércoles en Nueva York, la organización internacional de defensa de los derechos humanos estima que se violan los derechos de los inmigrantes, especialmente de los que llegan a Fuerteventura y Lanzarote, que permanecen hacinados durante 40 días en las antiguas terminales de los aeropuertos de ambas islas.
Cabanillas se refirió al traslado de las mafias que trafican con inmigrantes desde el Estrecho al archipiélago canario, lo que ha supuesto un aumento de la inmigración en esta última comunidad. 'El reconocimiento de la seriedad del problema es algo que no hay que subrayar', dijo.
Aseguró que los contactos con las autoridades canarias 'son constantes', lo que contrasta con las reiteradas quejas del Gobierno autónomo, y dijo que se están poniendo en marcha nuevas instalaciones en el archipiélago.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2002