El Gobierno planea flexibilizar las normas para conceder conciertos a colegios privados y ampliarlos a la educación infantil de tres a seis años, un tramo educativo no obligatorio. Además, se propone "flexibilizar" los plazos para que los centros infantiles privados que están en funcionamiento aunque no cumplen los requisitos, como algunas guarderías, se adapten a las normas, y replantear la etapa de cero a tres años para que pudiera pasar a depender del Ministerio de Trabajo, lo que supone darle un carácter más asistencial que educativo. Estas medidas, que el Gobierno prevé incluir en la Ley de Calidad y en sus desarrollos posteriores, implicarían una apuesta económica por la red concertada, en lugar de por la pública.
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El Gobierno planea flexibilizar las normas para conceder conciertos a colegios privados y ampliarlos a la educación infantil de tres a seis años, un tramo educativo no obligatorio. Además, se propone "flexibilizar" los plazos para que los centros infantiles privados que están en funcionamiento aunque no cumplen los requisitos, como algunas guarderías, se adapten a las normas, y replantear la etapa de cero a tres años para que pudiera pasar a depender del Ministerio de Trabajo, lo que supone darle un carácter más asistencial que educativo. Estas medidas, que el Gobierno prevé incluir en la Ley de Calidad y en sus desarrollos posteriores, implicarían una apuesta económica por la red concertada, en lugar de por la pública.
El equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, tiene previsto incluir una serie de medidas en la nueva Ley de Calidad con las que ampliar la red de centros concertados (financiados con fondos públicos), así como permitir por ley el acceso a los conciertos a los centros privados de educación infantil. Algunas comunidades, como el País Vasco, Navarra o Madrid, subvencionan esta etapa educativa. Sin embargo, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, sólo hace referencia a los conciertos en las etapas obligatorias de la educación (actualmente, primaria y ESO).
La fórmula más común adoptada por las comunidades para financiar a centros de infantil es el convenio, una vía que abre ya la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, para que las administraciones locales los provisionen. Los convenios no tienen que cubrir todo el gasto del alumno, por lo que permiten que el centro concertado cobre a sus alumnos, y no está sujeto a las normas generales de admisión de alumnos para los centros públicos y concertados.
Los centros privados tienen menos presencia en las comunidades más pobres, como demuestran los datos oficiales. Una de las razones que explica esta relación es el menor interés de los centros privados en situarse en las comunidades más pobres. Éstas son las medidas que planea introducir el Ejecutivo:
- Conciertos en infantil. El Ministerio de Educación está aún ultimando las fórmulas posibles para incluir en la Ley de Calidad la ampliación de los conciertos a las etapas no obligatorias de la educación, en especial a la infantil, aunque no es descartable que se extendieran al bachillerato y a la FP. Con esta medida, el Gobierno modificaría la LODE.
Cabe la posibilidad de que el ministerio opte por establecer en la nueva ley simplemente la autorización a las comunidades autónomas de concertar la educación infantil (ahora sólo está admitida por ley la vía del convenio). Otra opción es que el Gobierno decida incorporar en la ley la realización de conciertos en educación infantil con carácter general (como está actualmente en la educación obligatoria) y, en lógica consecuencia, tendría que financiar esta medida. De ocurrir esto, las comunidades podrán decidir concertar determinados centros en función de las condiciones que establezca el Estado y apliquen las comunidades autónomas.
Las organizaciones que defienden la educación pública han rechazado siempre la posibilidad de ampliar los conciertos a la educación infantil porque implica "potenciar la enseñanza privada en detrimento de la pública" y porque consideran que aún no se destinan suficientes recursos para la educación pública.
- Flexibilizar el acceso a los conciertos. El equipo de Pilar del Castillo, encabezado por la secretaria general de Educación, Isabel Couso, planea "flexibilizar" el acceso general a los conciertos y baraja crear dos niveles: los conciertos completos y parciales. Es decir, unos centros recibirían financiación para sufragar su funcionamiento general, con lo que deberán regirse por las normas actuales de los conciertos (si no se modifican también en la ley). Éstas establecen, por ejemplo, los mismos criterios para seleccionar a los alumnos que en los centros públicos y la obligación de crear un consejo escolar en el que esté representada toda la comunidad educativa.
Sin embargo, a los centros que recibieran una financiación parcial presumiblemente no les afectarían ni las normas de admisión de alumnos ni de participación de la comunidad educativa en la gestión del centro. Es decir, podrían esquivar la obligatoriedad de admitir a todo tipo de alumnos y cobrar cuotas, y no estarían obligados a tener consejo escolar. Éste es el modelo de financiación que existía en los años setenta (antes de la LODE), cuando se comenzó a subvencionar a la educación privada. Esta fórmula representaría una especie de cheque escolar que se entregaría al colegio privado, en vez de a la familia, sin que esto supusiera que el centro dejara de cobrar cuotas.
Actualmente, sólo existen los conciertos completos y la LODE señala que los centros concertados no pueden cobrar a los padres, aunque muchos lo hacen a través de la asociación de padres o de fundaciones, cuestión que se agravaría y legalizaría en los centros en los que se otorgaran conciertos parciales.
- Atención asistencial de cero a tres años. Estas medidas supondrían la vuelta a una situación similar a la de hace 11 años, la de antes de la LOGSE que introdujo la educación (y no sólo la atención) para los niños desde los cero años. La Ley General de Educación (LGE), de 1970, dio un carácter educativo a la atención a los alumnos de dos a seis años, pero no hacía referencia a los de cero a dos años.
Esta medida perjudicaría a los centros privados de infantil que han hecho ya un esfuerzo económico considerable para adaptar sus condiciones a los requisitos educativos establecidos para esas edades y ofrecer la calidad que requiere esta etapa.
- Ampliar el plazo para crear centros de infantil. El ministerio considera que debe dar más margen a algunos centros privados de infantil que tienen dificultades para adaptarse al famoso decreto 1004, de 1991, el que regula los requisitos mínimos que deben reunir los centros, y que desarrolla la LOGSE. De hecho, aunque los centros han tenido 12 años para adaptarse a esos requisitos, el Gobierno acaba de introducir una ampliación de tres años en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 2002.
La idea del Gobierno es "flexibilizar" más estos plazos. Esta medida lo que hace es ampliar el tiempo en el que están en funcionamiento centros de infantil, o las llamadas guarderías, que no cumplen los requisitos mínimos. Esos requisitos hacen referencia a las condiciones del centro (de espacio, los niños por aula, espacio de juego, cocina, condiciones higiénicas) y a la titulación de los educadores. En los últimos años han salido a la luz casos de guarderías que no cumplían estos requisitos en los que se produjeron serios problemas con los niños.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de febrero de 2002