La juez del caso Gescartera, Teresa Palacios, a petición del fiscal anticorrupción Luis López Sanz, imputó ayer a Miguel Prats y a José Alfonso Castro, director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), por un delito de blanqueo de capitales utilizado para cometer una estafa o una apropiación indebida. La medida abre la vía para que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad de ahorro, lo que posibilitaría que los clientes de Gescartera podrían recuperar el dinero invertido. Los dos nuevos imputados podrían ser citados a declarar la próxima semana.
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Todo lo destapó la declaración de José Sanz, chófer de Antonio Camacho, el propietario de Gescartera. El pasado martes, día 26, reconoció ante la juez que llevó maletas llenas de dinero a la sucursal de La Caixa en Majadahonda, cuyo importe oscilaba entre los 20 y los 58 millones de pesetas (entre 120.202 y 348.587 euros). Sanz admitió que las entregas de efectivo se realizaban aproximadamente una vez al mes durante el último año y medio anterior a la intervención de la agencia de valores y que el montante total del dinero transportado por ese sistema ascendería a unos 600 millones de pesetas (3.606.000 euros).
Sanz indicó también que en La Caixa le recibía el director de la sucursal, Miguel Prats, o si éste no estaba, el subdirector, José Alfonso Castro Mayoral. Siempre contaban el dinero en el despacho del director y le sellaban un impreso de ingreso que previamente había rellenado la jefa de contabilidad de Gescartera, Ángeles Leis. Ayer compareció Prats, quien ya había declarado dos veces en el sumario, pero nunca sobre esos extremos.
Prats también reconoció que se habían producido entregas en metálico, dando como buenas las manifestaciones del chófer sobre como se llevaba a cabo la operativa. En lo que discrepó fue en las cifras. Donde el chófer de Camacho dice que fueron 600 millones en total, Prats, basándose en los datos de una auditoria interna de La Caixa, sostuvo que las entregas en metálico sólo fueron 240 millones de pesetas (1.444.429 euros) y que se produjeron a finales de 1999, en 2000 y 2001 hasta la intervención.
El fiscal, sin embargo, basándose en los dictámenes de los peritos, cree que no se conocían entregas en metálico en La Caixa, sino entrega y retirada de cheques. Para las retiradas en metálico se entregaban talones por diversos importes que se pagaban por ventanilla y que al no llevar la firma al dorso, no quedaba constancia de quién se llevaba el dinero. Estas operaciones sin justificar superaron los 2.000 millones de pesetas (12,02 millones de euros).
Así, ayer tarde, cuando el director de la sucursal Miguel Prats llevaba poco tiempo declarando, el fiscal pidió a la juez que suspendiera la declaración y que cambiase la condición de Prats de testigo a imputado por un posible delito de blanqueo de capitales utilizado para cometer estafa o apropiación indebida. Como testigo, Prats estaba declarando sin abogado y con obligación de decir la verdad. Ahora será citado de nuevo, pero ya asistido de letrado y con la posibilidad de negarse a declarar o incluso de mentir.
El subdirector de la entidad, José Alfonso Castro, no llegó a declarar a pesar de estar también citado. A la vista de lo reconocido por Prats, de que ambos seguían la misma mecánica operativa, la juez adoptó la misma medida que para su superior jerárquico.
La declaración de los directivos de La Caixa estaba prevista para hoy, pero se adelantó a la tarde de ayer debido a un incidente con el abogado de Camacho, José Lozano, que obligó a suspender la comparecencia de su cliente.
Según fuentes jurídicas, Lozano sabía que su cliente estaba citado, pero decidió no acudir escudándose en una excusa formal -la citación no le había sido notificada oficialmente- para ganar tiempo. La juez muy enfadada telefoneó a su despacho y exigió que compareciera alguno de los tres letrados que Camacho tiene designados como defensores.
Dos horas después compareció el titular del despacho, Miguel Bajo, pero Camacho prefería que le asistiera Lozano, por lo que la declaración fue finalmente aplazada.
Lozano dijo que no era nuevo que hubiera entregas en metálico. Camacho lo dijo en su declaración de 9 de agosto. Efectivamente Camacho señaló que un grupo de personas entregaban a Gescartera una cantidad de dinero en metálico a muy corto plazo exigiendo rentabilidades muy altas. Las personas que traían esas inversiones eran Carlos Ortín Barrón, Jesús Carrillo y Roberto Santos. Camacho llegó a decir que las inversiones a corto plazo en metálico o talones más las operaciones especiales supusieron un total de 30.000 millones de pesetas.
Camacho, propietario de Gescartera, acudió ayer a la Audiencia Nacional con un aspecto envidiable. Lucía un bronceado espectacular y llevaba el pelo engominado. Ataviado con un elegante traje gris de Armani, camisa blanca y corbata turquesa, Camacho llegó al juzgado esposado, sabiendo que no iba a declarar pues su defensor José Lozano no estaba presente. La que sí se había enterado de que Camacho iba a declarar era su novia, Laura García Morey, que acudió al juzgado desde primera hora.
Mientras la juez, el fiscal y la veintena de abogados personados en la causa esperaban la llegada del letrado, la magistrada permitió que le fueran retirados los grilletes.
En el pasillo, y bajo la atenta vigilancia de dos policías, Camacho y Laura García Morey estuvieron besándose y conversando durante más de dos horas.
Camacho y su novia se encuentran en la Audiencia
El propietario de Gescartera, Antonio Camacho, acudió ayer a la Audiencia Nacional con un aspecto envidiable. Lucía un bronceado espectacular y llevaba el pelo engominado. Ataviado con un elegante traje gris de Armani, camisa blanca y corbata turquesa, Camacho llegó al juzgado esposado, sabiendo que no iba a declarar pues su defensor José Lozano no estaba presente. La que sí se había enterado de que Camacho iba a declarar era su novia, Laura García Morey, que acudió al juzgado desde primera hora. Mientras la juez, el fiscal y la veintena de abogados personados en la causa esperaban la llegada del letrado, la magistrada permitió que le fueran retirados los grilletes. En el pasillo, y bajo la atenta vigilancia de dos policías, Camacho y Laura García Morey estuvieron besándose y conversando durante más de dos horas. García Morey abandonó la Audiencia cuando Camacho compareció de nuevo ante la juez para aplazar definitivamente la declaración. Hoy acude de nuevo Camacho y previsiblemente será imputado en un nuevo delito, blanqueo de capitales, a la vista de que ya lo han sido los dos directivos de La Caixa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de marzo de 2002