La juez de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha emitido un auto en el que reprocha a la Junta y al Gobierno central la vulneración del derecho constitucional de los presos a la atención sanitaria, ya que el 29% de sus salidas a consultas al hospital son canceladas por falta de agentes.
La juez dice que estas salidas frustradas 'no sólo afectan a la moral del interno, que ve fallida su expectativa de ser examinado por un especialista y conocer el origen de su padecimiento, sino que también supone una merma de su derecho a la integridad física y a la salud, protegido constitucionalmente'.
El auto recoge que el 16% de las salidas a consultas médicas extrapenitenciarias programadas en la prisión de Sevilla se suspendieron en el año 2000 por falta de efectivos policiales para la conducción, cifra que aumentó al 29% en 2001. Estos datos vulneran los principios constitucionales según los cuales la falta de libertad debe ser el único derecho del que pueden ser privados los presos.
La juez de Vigilancia Penitenciaria añade que 'la atención sanitaria a las personas presas debe ser de la misma calidad que la que reciben los ciudadanos enfermos que se encuentran libres' y ordena a la Junta y a Instituciones Penitenciarias que subsanen el problema.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002