Andalucía es una de las pocas comunidades que no cuenta con un registro de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación, medida obligatoria en la Unión Europea (UE). Un vacío legal que la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha denunciado reiteradamente en los últimos años, lo que provocó que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento del Gobierno andaluz. Bruselas pidió explicaciones en abril del año pasado y la Consejería de Agricultura le envió un borrador del decreto que regulará ese registro y garantizó que se aprobaría a finales de 2001.
La norma no ha visto la luz y Bruselas anunció la semana pasada que reactivaba el proceso de infracción y dio a la Junta un plazo de dos meses. Tras el nuevo aviso, la consejería ha acelerado los trámites para aprobar el decreto a finales de marzo.
El borrador del texto, según fuentes de la Consejería de Agricultura, ya ha pasado por los servicios jurídicos y sólo está a la espera de un informe de la Consejería de Presidencia para que sea tratado en el consejillo, la reunión de viceconsejeros que prepara los temas para el Consejo de Gobierno.
Agricultura reconoce el retraso con respecto a la fecha límite que se dio a Bruselas y lo achaca a 'problemas de trámite administrativo'; entre otras cosas la apertura de cualquier registro público exige la conformidad de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Además, en un primer borrador se asignaba a Educación la dirección de la comisión que va a vigilar la aplicación de la norma, en la que participarán varios departamentos de Agricultura y Educación. Finalmente, Agricultura dirigirá esa comisión. El decreto, además de crear este organismo, establece las condiciones que deben cumplir los centros que quieran criar, suministrar o utilizar animales para experimentos científicos.
Inicio de la denuncia
La Comisión Europea puso en marcha el procedimiento de infracción contra España tras una denuncia presentada en 1999 por Asanda a través de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, que pertenece al Eurogroup for Animal Welfare del Parlamento Europeo.
La denuncia presentada ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea señalaba que la primera medida para cumplir la directiva comunitaria, el establecimiento de un registro de establecimientos suministradores, de cría y usuarios de animales para fines científicos, no había sido aprobada por la Junta -la competente para ello-. Al escrito inicial, enviado a Bruselas en octubre de 1999, Asanda agregó nuevas quejas contra la actuación de la Administración autonómica por no sancionar la utilización de especies no autorizadas en ensayos, como una iguana o palomas, que se habían utilizado en las Facultades de Biología y Psicología de la Universidad de Sevilla.
La Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español en abril de 2001 por 'la posible vulneración de las disposiciones reglamentarias respecto a la protección de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos'. En un primer momento, las autoridades comunitarias se dieron por satisfechas con la respuesta española, que aseguraba que la Consejería de Agricultura podría aprobar antes de finales de 2001 el decreto de creación del registro de establecimientos de cría de animales de experimentación en Andalucía. Además, la Junta de Andalucía informaba de que estaba trabajando en un borrador de ley de protección de los animales, según la Comisión Europea.
El incumplimiento del plazo anunciado para la aprobación del registro por parte de la Consejería de Agricultura, sin embargo, ha motivado que Bruselas prosiga con el procedimiento de infracción. En un escrito del pasado 15 de enero, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea justifica su decisión por no haber 'encontrado satisfactorias' las respuestas de las autoridades españolas 'puesto que la norma citada aún no ha sido aprobada'.
Asanda, además, denunció ante Bruselas la autorización 'sin la base legal' de 10 centros de experimentación en Andalucía y de los permisos para experimentar con especies protegidas o que no figuran en el anexo del Real Decreto español sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. La normativa restringe las especies para ensayos al ratón, la rata, la cobaya, el hamster dorado, el conejo, el perro, el gato, la codorniz o primates no humanos.
En el caso de animales domésticos, como perros o gatos, el Real Decreto obliga a que se trate de ejemplares criados en establecimientos autorizados para tales fines y que deberán contar con una marca identificativa y un libro de registro de entradas y salidas. La norma prohíbe el uso de animales salvajes o vagabundos o ejemplares adquiridos en tiendas no autorizadas.
La asociación ha criticado que la Junta justifique su retraso en adaptarse a las directrices comunitarias aludiendo a la dispersión competencial. 'Sólo podemos juzgarlas injustificadas', señala su representante, Luis Gilpérez, en una carta enviada a Bruselas. La organización cree que el desinterés de la Administración autonómica en regular el uso de animales en la investigación queda patente en los reiterados compromisos que ha hecho ante diferentes instituciones y recuerda que, ya en 1996, la Consejería de Agricultura aseguraba que estaba elaborando un borrador del registro de establecimientos de experimentación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002