El pacto antiterrorista, propuesto en su día por el PSOE y firmado con el PP, no corre peligro, pese a las continuas alusiones a su precario futuro que hace en los medios de comunicación el secretario general popular, Javier Arenas, y que los socialistas atribuyen a un permanente deseo de manipular a la opinión pública con fines electorales y de deteriorar la imagen del PSOE. Pero ni los responsables del PP en el País Vasco ni los dirigentes socialistas en Madrid creen que el acuerdo esté en entredicho.
Lo único que pondría en peligro el pacto, aseguran en el Partido Popular del País Vasco, sería la negativa del PSOE a apoyar la ilegalización de Batasuna. Pero fuentes del PSOE consideran 'correcto y moralmente digno' ilegalizar a un partido que no respete los principios democráticos y que no condene el uso de la violencia. De hecho, muchos socialistas recuerdan que fue su partido el primero en plantear esa posibilidad, estando en el Gobierno.
El Gobierno duda si atribuir la competencia para ilegalizar a un partido político a la sala de lo Civil del Tribunal Supremo o a la sala de lo Contencioso
Rotundidad
'Si es posible jurídica y constitucionalmente modificar la ley para ilegalizar a Batasuna, los socialistas votaremos a favor', asegura con rotundidad un diputado vinculado a la Ejecutiva nacional. No es cierto, añade, que esta posición provoque problemas serios en un sector de los socialistas vascos. En todo caso, lo único que reclamaría ese sector sería 'un análisis pausado' del momento en el que se realiza y de sus efectos en el mundo del nacionalismo. Pero el PSOE iría adelante con un voto favorable a la reforma de la ley y los siguientes pasos quedarían ya en manos de los jueces.
Populares y socialistas admiten, sin embargo, que es cierto que se está dibujando una discrepancia política de fondo entre los dos partidos, pero no respecto al pacto antiterrorista, sino a la actitud que hay que tener frente al Gobierno vasco.
Mientras el PP no acepta el menor acercamiento si no se produce una ruptura constatable, total y absoluta, con el nacionalismo radical de Batasuna, un sector fuerte de los socialistas cree que hay que comprobar si el Gobierno vasco se va comprometiendo activamente en la defensa de los derechos civiles y en el aislamiento de los violentos. Para esos socialistas no se debe dar por supuesto que el PNV es una fuerza monolítica, en la que no existe más vía que la que representa Joseba Egibar.
'No se trata de llegar a acuerdos con el PNV, del que desconfiamos tanto como el PP -expli-ca un miembro de la ejecutiva socialista-, sino de no dar por perdida la posibilidad de atraer al PNV, o a un sector, a planteamientos más moderados de los que ha mantenido últimamente'.
Jaime Mayor Oreja, por el contrario, cree que no existe ningún cambio de fondo en el PNV, que se trata de simples 'movimientos de superficie' y que los nacionalistas vascos siguen queriendo llevar a Euskadi a una catastrófica estrategia de autodeterminación.
Esta discrepancia es la que perturba las relaciones entre populares y socialistas en el País Vasco, porque supone, por primera vez en muchos meses, que no comparten el diagnóstico de la situación política vasca.
Tribunal Supremo
'En estos momentos, lo que de verdad nos importa, la auténtica prueba de fuego para nosotros, es la actitud que adopte el PSOE ante la ilegalización de Batasuna', insiste un dirigente vasco del PP.
La ilegalización de Batasuna, tal y como se está estudiando, supondría la modificación de la Ley de los Partidos Políticos, de 4 de diciembre de 1978, que establece que 'la organización y funcionamiento de los partidos políticos deberá ajustarse a principios democráticos' (sin aclarar cuáles son) y que 'la suspensión y modificación de los partidos políticos sólo podrá acordarse por decisión de la autoridad judicial competente' (sin específicar).
No está claro en qué 'autoridad judicial competente' piensa el PP, aunque en medios jurídicos se cree que duda entre la sala de lo Civil o la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Los técnicos estiman que la modificación de la ley, la iniciativa fiscal y la decisión del Supremo se podrían producir a tiempo para impedir que Batasuna se presentara a las elecciones municipales de 2003. Sin embargo, muchos especialistas creen también que los dirigentes de la coalición abertzale deben tener ya preparadas alternativas difíciles de atajar, como simples agrupaciones electorales que les permitirían acudir a las urnas.
De lo que nadie duda es de la importancia que Batasuna concede a las elecciones municipales, único nivel en el que realmente 'hace política' y único escenario en el que se producen algunos debates internos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002