Una galería de arte. Dos inversores. Un intermediario. Un cuadro. Y una muerte. Todo esto forma parte del juicio que se celebraba en la Audiencia Provincial hasta el 21 de febrero contra cuatro acusados de una presunta estafa, Miguel T. y su padre, Enrique T., propietarios de una tienda de antigüedades; Margarita S., dueña de una galería de arte, y Joaquín Héctor A., experto en inversiones. Todos están acusados de haber intervenido presuntamente en la venta de un falso goya a un coleccionista privado. Y el fiscal pedía para ellos tres años de cárcel.
Pero el juez decidió suspender el proceso el martes pasado cuando un quinto implicado, Julián Andrés M., intermediario de la venta, se enteró por EL PAÍS de que lo estaban buscando. Se presentó entonces en la Audiencia, cuando ya se celebraba el segundo día de la vista oral. El caso está de nuevo en fase de instrucción y el juicio podría reanudarse el próximo mes de abril, según fuentes judiciales.
Un perito ya fallecido atribuyó la autoría del cuadro al artista de Fuendetodos
El lienzo en cuestión fue comprado por 330.556 euros por Marcial F. G., un coleccionista privado, en agosto de 1997. Según explicó el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, Miguel T. y Enrique T., propietarios de la pintura, obtuvieron de un profesor de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid un dictamen de autenticidad de la obra. Este experto, José Luis M. y M., autor de varios estudios sobre Francisco de Goya (entre ellos Goya. Catálogo de la pintura), falleció el 1 de enero de 1998. Su informe, fechado en 1996, asegura que el cuadro representa un boceto de la infanta María Isabel de Borbón y que debía clasificarse como una obra original de Goya. Fuentes cercanas al caso explican que 'la pista que llevó al experto a considerar el cuadro como verdadero es el pasador que la infanta lleva en el pelo', que coincide con los utilizados a principios del siglo XIX.Con el certificado del profesor en la mano, los anticuarios contactaron con Julián Andrés M., siempre según el fiscal, quien, 'a cambio de una comisión', se puso de acuerdo con la galerista Margarita S., dueña de una importante sala de arte madrileña. La acusada encargó entonces una tasación, que estimó el valor del lienzo en 480.809 euros. Ésta fue realizada por personas 'no expertas', según el representante del ministerio público. Este periódico se puso en contacto con uno de los acusados, que se limitó a decir que tenía 'la conciencia muy tranquila'. 'Pensé que era una buena operación y no le di más importancia. ¿Para qué iba a querer vender un cuadro falso? Llevo muchos años en este negocio', añadió.
Los acusados (galerista e intermediario), convencieron a Marcial F. G., para que adquiriera el cuadro por 330.556 euros. En opinión de la fiscalía, la operación se realizó 'a la vista del certificado de autenticidad y la tasación pericial'.
José María Stampa Casas, abogado de Marcial F. G., explicó el viernes que su cliente se dio cuenta de que el cuadro era falso porque mandó revisar toda su colección de arte. 'Los expertos a los que acudió le comunicaron que el boceto no era un goya', explica Stampa.
Los cuatro peritos que ya analizaron la obra, dos por petición del juez y dos por parte del comprador, entre los que se encuentra la conservadora jefe del Museo del Prado, Manuela Mena, deberán declarar ahora, en el juicio, si la obra es o no del artista aragonés. Mena expondrá su dictamen junto a otros tres expertos en arte, 'los mejores de España', según fuentes judiciales.
El fiscal afirmó en la vista del 20 de febrero, basándose en los informes emitidos por estos expertos, que la obra fue realizada a 'partir de 1860, por lo que no se puede atribuir a Goya [muerto en 1828]'.
Por su parte, Miguel T. declaró que él era el propietario del lienzo por herencia de un abuelo. 'Lo vendí para pagar unas deudas', explicó en la vista oral. El acusado aseguró que el profesor José Luis M. y M. le cobró '350.000 pesetas por el dictamen'. 'Me dijo que era un goya', agregó.
Miguel T. aseguró que había recibido 180.303 euros por el cuadro, aunque pagó 36.060 al intermediario. La galerista, Margarita S., indicó que ya había vendido en otras ocasiones cuadros a Marcial F. G. y adujo en el juicio que, si 'hubiera dudado de su autenticidad, no lo habría hecho'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002