Han pasado unos 20 borradores y casi un año hasta que el Gobierno ha aprobado la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. La LSSI-CE, que llegará en unas dos semanas al Congreso, está siendo muy polémica porque hay internautas que creen que esta ley abre la puerta al cierre administrativo de una web.
Pero la parte del león de esta ley trata, en principio, de dar seguridad al paupérrimo comercio en Internet. España está, según los últimos datos de Eurostat, en el penúltimo puesto de la UE por número de usuarios conectados a Internet (25% de la población), y sólo el 20% de estos internautas compra por la Red. La LSSI obliga a los comercios, por ejemplo, a incluir todos sus datos en la web, a facilitar la información relativa al procedimiento de contratación y a no enviar correos electrónicos no deseados. Según la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, la ley introduce 'un marco estable para la seguridad de aquellos que ofrecen servicios en la Red'.
Pero la realidad del día a día de un comercio virtual español está lejos de la teoría, y la ley, lejos de solucionar sus problemas reales. Eduardo Berrocal tardó un año y medio en conseguir un dominio .es para su comercio de venta de DVD y debe aplicar en su web las normas de promoción de los comercios reales ('nadie entiende que mi web no es mi medio de promoción, es mi tienda') y, en definitiva, tiene 'empleados, oficinas, almacenes, papeles, seguros... Y una indefensión jurídica total. Nuestra actividad no encaja en ningún lado. En Internet todo son dudas'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002