De un tiempo a esta parte, la expresión 'Pacto Local' parece haber hecho fortuna en el debate político y académico relativo a las reformas políticas y administrativas. En 1993, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presidida por el alcalde Francisco Vázquez levantó la bandera del mundo local para llamar la atención sobre la necesidad de atender una dimensión de la realidad que ciertamente se encuentra muy vinculada a los ciudadanos. Más adelante -1996-, la actual presidenta de la FEMP, la alcaldesa Rita Barberá, planteaba en los mismos términos la resolución de un problema político de gran calado en los Estados compuestos como es el papel y funcionalidad de los Gobiernos y administraciones locales en el Estado autonómico español. Ahora, en 2002, el presidente del Gobierno, en un ejercicio de equilibrio y moderación política, coloca la cuestión local en el primer plano de la deliberación pública.
Ciertamente, la historia ha sido testigo de la importancia de los entes locales en la conquista de las libertades en Europa, sobre todo en los albores del Renacimiento. 'Artesanos de la construcción de las libertades en Europa': así calificó el Consejo de Europa, décadas atrás, a los regidores locales. El espacio local, bien lo sabemos, a pesar de sus luces y sombras, ha sido, es y será, el espacio por antonomasia de la gestión política, el principal laboratorio de experiencias democráticas, la dimensión pública más cercana a las personas y, por ello, el ámbito en el que la gente puede participar en la configuración de los asuntos públicos. Además, el tan glosado principio de subsidiariedad proclamado por la Carta Europea de la autonomía local recomienda que las tareas públicas que se puedan acometer desde los Gobiernos locales no se ubiquen en otros niveles de gobierno. En este sentido, la vuelta a lo local no es sólo una cuestión técnica o administrativa. Sobre todo, y no es poco, lo relevante reside en potenciar los espacios políticos más próximos a la ciudadanía para facilitar la emergencia del repertorio de iniciativas sociales que nacen del dinamismo vital de la realidad. Sí, en el mundo local, se palpa la vitalidad, el temple del pueblo, de una manera creciente.
'Pensar universalmente y actuar localmente'. He aquí, en pocas palabras, una buena síntesis de la expresión más auténtica de lo que he llamado 'pensamiento compatible' y que, para el tema que nos ocupa, nos sitúa en las coordenadas de esos nuevos espacios políticos en los que es posible trabajar desde la mentalidad abierta, desde la metodología del entendimiento y desde la sensibilidad social. Por eso, el reforzamiento de los espacios locales, lejos de propiciar escenarios de confrontación con las autonomías, nos conduce a inteligentes repartos de poderes y competencias de manera que los ciudadanos puedan recibir mejores servicios públicos. Mientras que los Estados deben comprometerse, sobre todo, en las llamadas tareas de definición y análisis de las políticas públicas básicas de solidaridad y equidad, compete a las autoridades autonómicas y locales buscar la mejor forma de gestionar los servicios públicos.
Después de veinte años de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, en los que, gracias a todos, las autonomías se encuentran razonablemente consolidadas, el sentido común y las exigencias del equilibrio territorial para atender mejor los asuntos públicos de la gente aconsejan una nueva descentralización desde las autonomías a los entes locales en todas aquellas materias en que el interés local así lo reclame, que no serán pocas.
Según la Constitución, las autonomías y los entes locales son partes integrantes del Estado. Por eso, los intereses generales se pueden operar tanto desde el Estado como desde los entes locales o desde las autonomías. Pues bien, mientras que en los países federales los entes locales participan en un 20% del gasto público, los entes regionales en un 25% y el Estado en un 55%, en España hemos pasado del 9,72% (entes locales), del 2,95 (autonomías) y del 87,33% (Estado), en 1981, al 15,68% (entes locales), al 36,28% (autonomías) y al 48,04% (Estado) en 2002.
Por tanto, es necesario alcanzar mejores equilibrios territoriales si tenemos en cuenta que la mayor parte de los asuntos públicos son, como muy bien saben los alcaldes, de relevancia local. Las personas, me parece, se merecen que los partidos políticos y los agentes sociales sean capaces de encontrar espacios de acuerdo para potenciar, en el marco del pensamiento abierto, dinámico, compatible y complementario, los Gobiernos locales. La realidad administrativa de España es plural y compleja y no se entiende desde el pensamiento único ni desde la unilateralidad, por lo que es necesario una permanente atención a todos los aspectos de la realidad.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo y actualmente preside la Asociación Española de Ciencias Administrativas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002