Los municipios han desempeñado un papel de primer orden en la España democrática. Han sido capaces de liderar proyectos colectivos, gestionar más que satisfactoriamente los servicios que tienen encomendados y asumir las demandas de los ciudadanos cuando alguien debía hacerlo. Esto puede haber enmascarado una realidad incuestionable: tenemos unos municipios extremadamente débiles en términos presupuestarios y competenciales. A pesar de haberse producido un importante proceso de descentralización del Gobierno central a las autonomías, los gobiernos locales han ido quedando relegados una y otra vez y siguen prácticamente allí donde se encontraban al principio de la transición. En estos momentos suponen el 13% (el 17% sin pensiones) del gasto público total, por el 58% del Gobierno central y el 29% de las autonomías. Se trata de porcentajes mucho más reducidos de los que muestran en otros países: en los federales la media se sitúa en torno del 20%, y en los unitarios, en el 30%.
Incrementar significativamente el peso presupuestario y competencial de los municipios es hoy una prioridad. Hay que establecer un objetivo claro y preciso de descentralización, en la línea del 40%-30%-30% que alguna vez se ha señalado. Ello exige ampliar su marco de responsabilidades y revisar su sistema de financiación. En este sentido, habría que avanzar en una triple dirección. En primer lugar, los ayuntamientos deberían ser los responsables directos de la gestión de ciertas competencias, como la educación básica, la vivienda, el fomento del empleo y las políticas de familia, que en muchos países son típicamente municipales; en segundo lugar, los municipios deberían recibir la financiación adecuada para un conjunto de gastos no obligatorios, que llegan a representar actualmente el 30% del presupuesto; en tercer lugar, existen materias, como la inmigración y la seguridad, que exigen políticas de Estado, porque a la vez que tienen una dimensión global producen implicaciones locales, y sólo pueden ser tratadas convenientemente con una acción concertada.
En esto debería consistir el Pacto Local. Ahora bien, es evidente que este pacto debe situarse necesariamente a dos niveles. Algunas de las cuestiones planteadas, especialmente las de financiación, son fundamentalmente responsabilidad del Gobierno central, y es éste el que debe dar los pasos necesarios. Otras, las concernientes a la descentralización de competencias, son sobre todo responsabilidad de las CC AA, y deben ser éstas las que decidan los contenidos, modalidades y ritmos de la descentralización hacia los ayuntamientos.
La forma en que el Gobierno del Partido Popular ha hecho las cosas puede conducir a un enfrentamiento entre municipios y autonomías. A que parezca que pedir una mayor descentralización de poderes para los municipios es debilitar a las autonomías. Quizás éste sea el propósito del PP, pero este enfoque resultaría sumamente esterilizante para abordar seriamente esta cuestión, y acabaría conduciendo o bien a una imposición centralista y uniformizadora completamente inaceptable y, en los tiempos que corren, fuera de la realidad, o bien, más probablemente, a hacer inviable cualquier avance serio de signo descentralizador, bajo el pretexto de que debilita a las CC AA. Cualquiera de estos planteamientos sería muy negativo. Descentralización hacia los municipios, sí, pero como resultado del autogobierno de las CC AA. Municipalismo y autonomismo deben ir juntos y no aparecer como proyectos enfrentados: más autogobierno y capacidad de decisión para las CC AA y más responsabilidades, capacidad de gestión y presupuesto para los municipios. Algunos ejercen el municipalismo contra el autogobierno; otros afirman el autogobierno contra los municipios. Pues bien, ni lo uno ni lo otro: más autonomías, más municipios y menos centralismo.
Hasta ahora, el Gobierno del PP no se ha caracterizado, precisamente, por llevar a cabo una política de signo municipalista. Más bien todo lo contrario: ha decidido suprimir un impuesto municipal, como el IAE, sin ninguna compensación, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria provocará serias dificultades para mantener la inversión a los gobiernos locales. Todo ello, y esto es lo grave, en perjuicio de los ciudadanos. De manera que el PP parece practicar una especialidad que conoce bien: hacer lo contrario de lo que predica.
Si las intenciones municipalistas del PP fueran sinceras, empezaría por comprometerse de verdad allí donde tiene competencias, que es en el terreno de la financiación, en lugar de hacer demostraciones de entusiasmo municipalista descentralizando competencias de las autonomías. Mientras el Gobierno no avance ni un centímetro allí donde podría hacerlo, mientras las medidas legislativas que adopta tengan un marcado carácter antimunicipal, que no pretenda dar lecciones de municipalismo.
Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública y secretario de Economía del PSC.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002