Ha declarado el consejero Castelló, en las Cortes, que el Gobierno valenciano actúa con firmeza ante Iberdrola. No dudaré de la afirmación de Castelló, pero es evidente que la empresa no se deja impresionar por las razones del Gobierno. A las 48 horas de pronunciar estas palabras el consejero, la compañía dejaba sin luz a más de quince mil alicantinos. Basta que caigan cuatro gotas, que se levante un poco de niebla, o descienda unos grados la temperatura para que salten los interruptores y debamos recurrir a las velas, como en el tiempo de nuestros abuelos. ¡Hay que ver donde nos ha llevado la liberalización del sector eléctrico!
De cualquier forma, la firmeza de la que presume el Gobierno valenciano parece un tanto particular. A decir verdad, no la veo por ninguna parte. Tal vez se trate de una firmeza oculta que sólo perciben los muy allegados. En otros lugares, ante situaciones semejantes, las autoridades toman partido a favor de los ciudadanos, advierten a las compañías, las sancionan y exigen que cumplan con su trabajo. Entre nosotros, ocurre justamente lo contrario. La posibilidad de que Eduardo Zaplana multe algún día a Iberdrola, como ha sucedido en Cataluña, es quimérica. En cambio, no es extraño que Olivas, Castelló o el propio Zaplana regañen a los usuarios por sus quejas, que suelen considerar inoportunas y de escaso fundamento.
La conducta tolerante del Gobierno ha calado en la compañía, que últimamente se permite reprender a los ciudadanos por sus críticas ante los apagones. Días atrás, cuando la niebla dejó a Alicante sin luz, el representante de Iberdrola reprochó a los abonados que fueran tan exigentes y advirtió que el plan de inversiones de la compañía no va a sufrir variaciones, ni están previstas mejoras adicionales en la red. En cuanto a las protestas expresadas por Izquierda Unida y el Partido Socialista, las rechazó alegando que tenían un carácter político. ¡Con qué rapidez aprenden algunos portavoces! Parecen entrenados por Font de Mora.
Ante unos problemas semejantes a los de la Comunidad Valenciana, en Cataluña se ha actuado de manera muy distinta. El Gobierno catalán no se ha limitado a pregonar su firmeza. Ha multado a la empresa eléctrica, Fecsa-Endesa, con seis millones de euros y ha advertido 'que debe emprender las mejoras que merece el usuario'.
En cuanto a los ciudadanos, se han movilizado para exigir a la compañía que cumpla sus compromisos. Más de 50 ayuntamientos, asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, cámaras de comercio y alguna patronal, han suscrito la declaración de Rubí. Próximamente, esta asociación se sentará a negociar con la compañía eléctrica, amparada por su Gobierno. ¿Podríamos imaginar una situación similar en la Comunidad Valenciana? Yo lo veo imposible. Entre otras cosas porque nuestra sociedad civil, nuestra robusta sociedad civil, jamás se prestaría a implicarse en estos asuntos. Salvo que se lo ordenara el Gobierno. Y no parece, hoy por hoy, que sea éste el caso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de marzo de 2002