El debate social que está generando la aceptación o el rechazo de las costumbres y los ritos religiosos de los inmigrantes de los países islámicos me hace recordar algo que, desgraciadamente, en nuestro país desconoce o no recuerda gran parte de nuestra sociedad, incluidos algunos políticos y escritores. Con la llegada de la democracia, el Parlamento español aprobó, el 5 de julio de 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que reconoce a musulmanes, judíos y protestantes o evangélicos como representantes de confesiones religiosas de 'notable arraigo'. Esta realidad no la he visto mencionar en ningún artículo de nuestra prensa diaria y creo que reconocerla puede ayudar y traducirse en un respeto y en una tolerancia dignas de un país y una sociedad democrática donde el Estado es aconfesional, pero no laico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de marzo de 2002