El secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Andalucía, Rafael Lara, acusó ayer al sector empresarial agrícola de 'estar aliado con el Gobierno' y 'fomentar el racismo' en las relaciones laborales y en la sociedad. 'Los empresarios', dijo, 'han puesto en marcha todo una sistema racista para tener una mano de obra más dócil, más difícil de integrar, más controlada y que no reivindique absolutamente nada'.
El responsable de la ONG consideró el contrato en origen para la campaña de la fresa, que ha permitido sustituir este año a los inmigrantes magrebíes por 7.500 trabajadores del Este de Europa, 'una irresponsabilidad flagrante y la causa principal que ha generado el conflicto social'. 'Lo único que ha hecho es vestir a un santo para desvestir a otro. Los empresarios están actuando sin escrúpulo', añadió.
Rafael Lara denunció que el sector empresarial onubense incumple el convenio porque tampoco garantiza las condiciones mínimas de vida a los trabajadores temporeros procedentes del Este. 'Estos trabajadores están empezando a sufrir condiciones nefastas en muchas de las cooperativas y de las zonas freseras onubenses', reveló Rafael Lara.
Para el representante de la ONG, la situación, aunque es denunciable, no sale a la luz, porque 'los trabajadores del Este conocen menos sus derechos y no están informados de la obligación que tiene el empresario de ofrecerle una vivienda y condiciones dignas de trabajo'.
Por su parte, el representante de la APDH en Huelva, Jesús Delgado, afirmó que el Gobierno central 'ha condenado a miles de inmigrantes a no salir de la provincia de Huelva' por haberles facilitado unos papeles que sólo les permiten estar en una provincia y trabajar en un sector, como el agrícola. 'El Gobierno de la nación ha condenado a los inmigrantes a la exclusión social, a la marginación y a no poder participar de la vida social de los pueblos', afirmó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de marzo de 2002