Las últimas actuaciones policiales en Barcelona en manifestaciones y desalojos de casas ocupadas recibieron ayer duros reproches del síndic de greuges, Anton Cañellas, que en su informe anual afirma que la violencia policial 'suele evidenciar imprevisión en el mando o falta de una adecuada formación de las personas que intervinieron'. En vísperas de las manifestaciones antiglobalización paralelas a la cumbre de Barcelona, el síndic reconoce que el uso de la fuerza puede ser admitido 'ante determinadas conductas', pero alerta de que no es una bueno criminalizar a los movimientos alternativos.
Del movimiento okupa, el síndic afirma que 'es variado y discutible, pero entendido como propuesta contra la especulación inmobiliaria y el derecho de los jóvenes a emanciparse, debe tener canales para desarrollarse pacíficamente'. A lo largo de 2001, el defensor del pueblo catalán ha atendido 19 quejas por problemas de seguridad ciudadana y ha prestado especial atención a actuaciones policiales como el desalojo de varias casas ocupadas en el barrio de la Salut de Barcelona.
En el informe anual se recoge que la comisión de vecinos de este barrio acudió al síndic para exponer su disconformidad con la 'excesiva' actuación policial. Estos mismos vecinos afirmaron que 'antes de la ocupación los inmuebles eran un nido de porquería y constituían un peligro para los niños del barrio que jugaban allí'. Por ello, el síndic ha solicitado al Ayuntamiento que, una vez desocupados los inmuebles, sean demolidos.
En opinión del síndic, conflictos como este reclaman que las instituciones sean 'dialogantes con los movimientos sociales alternativos', y advierte que los gobernantes no pueden 'meter en un mismo saco' a los que defienden 'demandas justas' y a los que 'se organizan para infiltrarse en una manifestación para provocar alborotos'. Para evitar estas confusiones y, sobre todo, la criminalización de los movimientos alternativos como el antiglobalización, hay que 'destinar más recursos a la desactivación de los conflictos' mediante la comunicación y el diálogo entre los agentes sociales para que éstos canalicen las reivindicaciones 'fundamentadas' de los colectivos.
Dentro del apartado policial, el síndic también ha pedido este año que se cree un registro centralizado con los datos genéticos de personas desaparecidas para facilitar su búsqueda en toda España. Esta es una de las principales demandas de las asociaciones de familiares de desaparecidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de marzo de 2002