El informe que el Síndic de Greuges presentó hace un año cargaba tintas contra la política de inmigración del Gobierno por aprobar normas como la Ley de Extranjería, 'que no pueden ejecutarse'. Un año después, el defensor del pueblo catalán vuelve a insistir en ello al considerar que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. El Síndic de Greuges, que tuvo que mediar para acabar con la huelga de hambre de 800 inmigrantes encerrados en varias iglesias de Barcelona y asistió a la peregrinación de cientos de subsaharianos por las calles de Barcelona tras ser desalojados de la plaza de Catalunya, hace un llamamiento a la coordinación de las administraciones para solucionar los conflictos con inmigrantes.
Ninguna institución se escapa de las críticas del Síndic. Al Ayuntamiento de Barcelona le reprocha que no actuara para dar cobijo temporal a los desalojados de la plaza de Catalunya, ya que según se detalla en el informe, era la Administración local 'la que tenía que dar respuesta a la necesidad social manifestada'. A la Generalitat le recuerda las competencias que le da el Estatut en materia de asistencia y servicios sociales.
La Delegación del Gobierno en Cataluña tampoco se libra de las críticas, que en su caso se centran en el colapso que sufren sus servicios de inmigración y las colas que los inmigrantes han tenido que soportar durante muchos meses para tramitar su documentación.
Asimismo, el Síndic se cuestiona si el aumento de la inseguridad ciudadana puede estar relacionada con las dificultades que tienen los inmigrantes para regularizarse y conseguir un trabajo. 'Mientras no se pueda repatriar a los inmigrantes irregulares, quienes estén entre nosotros tendrían que disponer de herramientas lícitas para vivir con un cierto grado de dignidad', indica el informe. 'No podemos permitirnos no dar salida a esta situación y poner trabas a nuestra cohesión social'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de marzo de 2002