'Esto es sólo un proyecto de bases; cuando se presente el proyecto de ley [de Calidad], irá acompañado de su memoria económica'. Así respondió el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, a los que han criticado que la norma educativa recién presentada no trate de la financiación necesaria para poner en marcha la reforma. El Grupo Popular defendió el proyecto 'porque pretende que termine la secundaria el mayor número de alumnos posible y que ninguno se quede atrás', explicó Zunzunegui.
Sobre la reválida, explicó que 'cabe la posibilidad de aumentar en alguna prueba más' las posibilidades para recibir el título de bachiller. Para los que reciban solamente su certificado de estudios porque no hayan sido capaces de superar la reválida, el portavoz popular señaló que 'podrán intentarlo otra vez a los 23 años'.
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Zunzunegui defendió la ley y los grupos de refuerzo, donde se incorporarían los alumnos que al iniciar la secundaria, con 12 años, presenten dificultades de aprendizaje. La posibilidad de que los alumnos de estos grupos se incorporen a las clases ordinarias dependerá de la decisión de la junta de evaluación del centro.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que se seguirá debatiendo la ley con profesores, padres, alumnos y comunidades autónomas para buscar 'el mayor acuerdo posible', pero advirtió que no renunciará a la calidad ni se conformará con 'dejar las cosas más o menos como están'. Aznar piensa que la nueva norma presenta 'una buena orientación' y que 'plantea cosas razonables', informa Europa Press. El presidente mencionó la cultura del esfuerzo, la evaluación de los alumnos y su capacidad de elección, el respaldo a los profesores. Lo que consideró la lógica ambición de un sistema educativo con más calidad. Una prioridad de esta legislatura, según dijo.
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, apostó ayer por debatir sobre los contenidos de la Ley de Calidad de la enseñanza antes de fijar la financiación, algo que han reclamado todos los grupos de la oposición, numerosas comunidades autónomas y diversos sindicatos. Se prevé que el articulado de la norma se presente a finales de abril y su trámite parlamentario sea en otoño.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de marzo de 2002