La propuesta de reforma fiscal que el PSOE dará a conocer el próximo abril incorporará criterios verdes en todas las figuras tributarias (estatales, autonómicas y locales) con el fin de favorecer el uso racional de la energía, el suelo y el agua. Quienes despilfarren los recursos naturales serán penalizados, como ya ocurre en países como Suecia, Alemania o Francia. "No nos inventamos nada. Es algo ya probado en Europa, donde la idea fue lanzada por Jacques Delors en 1992", dijo ayer la secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, al dar a conocer el documento de Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha elaborado su partido como alternativa al informe básico del Gobierno. Narbona aclaró que no implicará un incremento de la fiscalidad, pero no reveló más detalles a la espera de que el PSOE madure internamente su modelo fiscal.
Consultoras
Los socialistas recuerdan al Gobierno que la elaboración de la Estrategia Española no debe depositarse en las consultoras contratadas para su redacción. Por el contrario debe someterse a un debate en la Conferencia Sectorial autonómica y el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), que sigue sin convocarse pese a las promesas del secretario de Estado de Aguas y Costas, que es quien coordina su tramitación. El PSOE señala también que todas las administraciones públicas deben incorporar criterios ambientales a su gestión, conforme la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río.
Los socialistas afirman que la sede federal del PSOE se ha sometido a una auditoría ambiental y piden que haga lo propio el Congreso de los Diputados, donde, aseguran, se dilapida el papel sin reciclar, se abusa de la calefacción y se fuma en todas las comisiones, incluida la del Medio Ambiente (en la anterior legislatura no se permitía).
El paquete de 18 medidas socialistas de sostenibilidad incluye el desmantelamiento de las centrales nucleares, la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente, la aprobación urgente de una ley de responsabilidad social ambiental, la aplicación de las 14.000 normas ambientales existentes, y la reforma de la ley de expropiación que encarece injustificadamente el suelo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de marzo de 2002