El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, se mostró ayer muy crítico con quienes confunden "delincuencia con inmigración". El ministro del Interior, Mariano Rajoy, vinculó recientemente, en el Senado, el aumento de la inseguridad ciudadana con la inmigración irregular al señalar que el 89% de los presos preventivos que han ingresado en las cárceles en los dos últimos meses son extranjeros. También el secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, insistió la semana pasada en la supuesta relación entre el aumento de la delincuencia y la inmigración.
Fernández Bermejo rechazó ayer estas interpretaciones. "Es mentira que la inmigración sea un factor delictivo; el factor es la marginación social, y es necesario integrar al inmigrante para que no caiga en el ámbito de la marginación", destacó. "Es una gran injusticia decir que inmigración es igual a delito, y no debemos llamar inmigrantes a los miembros de bandas criminales organizadas, porque eso sería insultar a las personas que vienen a España a realizar trabajos que nosotros no queremos, como son cuidar de nuestros abuelos o limpiarnos las casas", añadió.
Para Fernández Bermejo, resulta "muy preocupante" la situación de indefensión del extranjero en situación irregular, ya que su marginación y desarraigo le conducen al ámbito de la criminalidad, "ya sea como víctima o como autor del delito". "La inmigración es un contexto más en el que se dan las condiciones que conducen al delito", dijo. Opinó que "no se debe confundir la parte con el todo" cuando se atribuye al extranjero la condición de delincuente. "En todo caso, sólo es permisible decir que un grupo de inmigrantes delinque, pero nunca que los inmigrantes delinquen, como tampoco cabe decir tras un partido de fútbol que los aficionados de un equipo apedrearon el autobús del contrario", comparó.
El fiscal jefe indicó, además, que en la actualidad sólo cabe expulsar al extranjero que "entra ilegalmente en España", pero no al que comete un delito una vez dentro. Aclaró que en Madrid en 2001 sólo fueron expulsados el 46% de los extranjeros acordados por los jueces. Y que ello se debió a la imposibilidad policial de tomar la filiación de estas personas y a la escasa colaboración de sus países.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de marzo de 2002