El Parlamento vasco aprobará el jueves en pleno, gracias a la abstención del PSE-EE, la ley de medidas adicionales al presupuesto, que contiene, entre otras partidas, 41,7 millones de euros para seguridad y atención a víctimas del terrorismo. Que en los 145,7 millones de euros totales figure esa partida referida a 'áreas especialmente sensibles' ha resultado determinante para el cambio de actitud de los socialistas, que mantuvieron una oposición frontal a las cuentas del Gobierno tripartito.
El PSE anunció ayer que se abstendrá en la votación como 'un ejercicio de responsabilidad' y por considerar que las medidas complementarias contienen créditos 'imprescindibles' para el 'normal funcionamiento del país'. Además, fuentes socialistas añadieron que no desean enviar a la sociedad vasca 'mensajes confusos' en asuntos como la seguridad y la defensa de las libertades.
Los socialistas mantuvieron intactas todas sus críticas al Gobierno vasco y al presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, por el modo en que condujeron el debate presupuestario. Pero al mismo tiempo, dieron señales de querer pasar página a un episodio que incluyó un plante conjunto con el PP y Batasuna que dividió al grupo parlamentario. Así, Patxi López, candidato a secretario general en el próximo congreso, reiteró que la tramitación del presupuesto fue 'una chapuza', pero que 'ya pasó' y ahora es una 'nueva etapa'.
División en el Gobierno
Por otra parte, los tres partidos del Gobierno vasco, PNV, IU y EA, votaron ayer cada uno por su lado en una iniciativa del último de ellos sobre torturas. El PNV unió sus votos en contra a los del PP y el PSE, mientras IU se abstenía.
EA, que sólo obtuvo el apoyo de Batasuna, pretendía que el Parlamento pidiera la derogación de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permiten la incomunicación y la prolongación hasta cinco días de las detenciones y privan a los detenidos de la asistencia de abogados y médicos de su confianza. También pedía suprimir las competencias de la Audiencia Nacional y la separación de agentes del servicio ante una mera denuncia.
A la negativa del PP y el PSE, se unió el PNV, que consideró 'inadecuadas' y jurídicamente 'muy cuestionables', algunas de las propuestas de su socio de Gobierno. Lo que finalmente se aprobó fue una enmienda del PNV e IU que señala que en materia de derechos humanos 'no caben excepciones' y califica de 'inadmisible' la tortura. El Grupo contra la Tortura confirmó que el juzgado de instrucción número 25 de Madrid tiene abiertas diligencias por una denuncia realizada por el detenido Unai Romano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de marzo de 2002