El concejal andalucista en el Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, remitió ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la Audiencia de Málaga el proyecto de 3.000 viviendas que Jesús Gil pretende construir en suelo forestal. Fernández considera que Gil podría haber incurrido en un delito de estafa por pedir a los adjudicatarios que adelanten el 10% del precio total de los inmuebles; y en otro de publicidad engañosa por utilizar los medios de comunicación municipales para hacer propaganda de los pisos en 'suelo ilegal'.
'Ninguna entidad bancaria estará dispuesta a avalar estas cantidades a cuenta y a garantizar una promoción en un suelo calificado por el planeamiento urbanístico vigente como forestal', dijo Fernández, que ha enviado también al fiscal copia de los números del rotativo municipal La Tribuna donde se explican las condiciones para optar a las viviendas. 'Puede ocurrir que los beneficiarios aporten depósitos de buena fe, y que luego desaparezca el dinero, Gil y todo', añadió Fernández, que advirtió a los ediles que apoyen el proyecto que también incurrirán en delito.
Según el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, 'el hecho de solicitar el 10% del precio de los pisos es solamente para dar el carácter de rigor y seriedad' a la operación, y fijar 'la realidad del número de viviendas a construir'. Aseguró Muñoz que 'esta cantidad se ingresará en un banco a plazo fijo y solamente se dispondrá de ella a cuenta del precio pactado y durante el periodo de construcción'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de marzo de 2002