La disposición de la Unión Europea a destinar fondos comunitarios a proyectos conjuntos de desarrollo en ambos lados de la verja de Gibraltar es un claro indicador de que la fórmula de la cosoberanía se abre camino en las negociaciones que mantienen España y el Reino Unido para resolver el contencioso gibraltareño. Se trataría de un paso significativo, avalado por los Quince en la reciente cumbre de Barcelona, con el que se pondría fin a la política de vetos, empleada sobre todo por España, a la hora de tratar a Gibraltar como territorio de la UE.
Si la cosoberanía va a ser la fórmula que reemplace el actual estatuto de Gibraltar por un tiempo posiblemente 'indefinido', aunque no 'para siempre', resulta inteligente por parte de los Gobiernos británico y español propiciar desde ahora un desarrollo conjunto de toda la zona con fondos europeos, lo que supondría de hecho la integración plena de Gibraltar en la UE con el beneplácito de Londres y Madrid. La iniciativa responde a un inequívoco propósito político: apoyar el proceso negociador y hacer comprender a los gibraltareños que un pacto entre España y el Reino Unido les puede suponer también indudables beneficios en el terreno económico.
El principal obstáculo, aunque no insuperable, que se opone al pacto es la oposición mayoritaria de los gibraltareños a la cosoberanía. La manifestación masiva celebrada el lunes en Gibraltar ha puesto de relieve, una vez más, esa voluntad contraria al proceso negociador en marcha. Esa voluntad no puede ser ignorada, entre otras razones porque así lo exige la Constitución gibraltareña que Londres reconoce. Pero tenerla en cuenta en el proceso no significa que pueda sabotearlo y que impida un acuerdo razonable como el que tratan de alcanzar Londres y Madrid. En todo caso, esa voluntad puede ir cambiando libremente si los Gobiernos británico y español, con la colaboración activa de la Comisión Europea, son capaces de ir creando una red de relaciones humanas y de intereses económicos comunes entre el Peñón y el Campo de Gibraltar que favorezca la integración y la unión entre ambas poblaciones.
La pretensión del ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, de que Londres aplique en Gibraltar la misma política que en las islas Malvinas está fuera de lugar. Son casos distantes y distintos. Los gibraltareños han de percatarse de que su elección pasa en estos momentos por la cosoberanía o por un statu quo insostenible para España y Reino Unido, aliados en la OTAN y socios de la UE, cuyo funcionamiento ganaría si se resolviera la vieja disputa de Gibraltar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de marzo de 2002