El grupo de IU en la Asamblea propuso ayer a PSOE y PP 'retomar' el texto del acuerdo sobre complementos de pensiones, adoptado por la Cámara el pasado 18 de julio, de tal manera que, 'sin privilegios ni agravios', ampare a aquellos ex parlamentarios que no alcancen una jubilación digna al final de su carrera política. IU propondrá también a sus órganos federales que aborden este mismo problema en los demás parlamentos.
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Fausto Fernández, coordinador regional de IU, se entrevistó ayer con los ocho diputados de su grupo en la Asamblea para tratar los objetivos de la coalición. Pero el encuentro sirvió sobre todo para abrir el debate sobre el polémico acuerdo de pensiones que permite a los miembros de la Cámara gozar de la jubilación máxima (1.950 euros mensuales) con el único requisito de haber ocupado escaño en dos legislaturas (no necesariamente completas).
IU decidió plantear a PP y PSOE que los tres grupos retomen el acuerdo y elaboren un nuevo texto. De él sólo podrían beneficiarse aquellos ex diputados que se encuentren en situación económica precaria. Ángel Pérez, portavoz de IU en la Asamblea, opinó que el ejercicio del cargo político 'no debe llevar a situaciones generales de privilegio'. Fernández añadió que 'cualquier decisión que se tome debe ir a resolver situaciones excepcionales, no generales'. 'El político', insistió el máximo dirigente de IU-Madrid, 'no puede tener ni privilegios ni agravios respecto a los demás ciudadanos'.
Un modelo a seguir, según algunos parlamentarios, sería el adoptado en el Congreso y en el Senado, cuyas mesas se reúnen una vez al año y estudian la situación de los parlamentarios jubilados o de sus viudas. En el caso de que, de acuerdo con su declaración de renta, no ingresen al menos 1.500 euros al mes, la Cámara les paga el complemento preciso para llegar a esa cantidad.
El acuerdo de la Asamblea de Madrid no establece discriminación alguna. Su texto dice que el parlamento complementará la pensión de la que disfruten los ex diputados hasta el máximo establecido (1.950 euros), independientemente de que tengan o no otros ingresos u otro patrimonio.
Hasta el momento, sólo la diputada socialista Elena Vázquez ha renunciado a cobrar esa pensión máxima por considerarlo un privilegio injustificado. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, ha pedido 'un periodo de reflexión' de los partidos, y la responsable de política internacional del PSOE, Trinidad Jiménez, se ha mostrado partidaria de estudiar el asunto. Fausto Fernández es el único dirigente madrileño que ha pedido abiertamente rectificar el acuerdo de la Asamblea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de marzo de 2002